Human Rights Watch se desmarca del acuerdo entre Chihuahua y Segob

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de febrero 2018.- Tras el acuerdo que firmó el gobierno del estado de Chihuahua con la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario del PRI acusado por presuntos millonarios desvíos del dinero público a campañas y la supuesta tortura que ha padecido en un penal estatal, la organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, Human Rights Watch (HRW), aclaró que su especialidad no se enfoca en aspectos médicos sino legales para la defensa de los derechos humanos.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez seguirá siendo procesado por un juez del estado de Chihuahua y estará a disposición de la autoridad judicial para la continuidad del procedimiento, según el acuerdo alcanzado con la Segob “cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional, Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul”, informó el mandatario estatal Javier Corral.

Sin embargo, la organización internacional que defiende los derechos humanos descartó poder intervenir en este caso en particular, toda vez que su especialidad es en aspectos legales, no médicos, para poder certificar este tipo de procedimientos.

“Cuando recibimos  la propuesta nos percatamos de que lo que realmente querían es una especie de peritaje médico forense respecto del estado, de las condiciones de salud de una persona para verificar si trataba de alguien que pudo haber sido víctima o no de malos tratos, de tortura, de tratos crueles, en fin, nosotros no hacemos eso”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW, en entrevista para Radio Fórmula en la emisión de Ciro Gómez Leyva la mañana de este martes.

“De los más de 400 funcionarios de HRW somos más bien abogados, no tenemos la especialización en temas médicos, no realizamos ese tipo de verificación”, precisó.

Vivanco explicó que su respuesta a la Fiscalía General de Chihuahua como al Gobierno estatal fue canalizarlos a Physicians for Human Rights (PHR), que es una organización sin fines de lucro dedicada determinar dichos abusos por parte de los gobiernos y aquellas entidades con autoridad de facto.

PHR colabora con el fin de prevenir, detener y garantizar la responsabilidad de estos actos, lleva a cabo investigaciones médicas y científicas con una metodología basada en ciencias forenses, exámenes médicos y psicológicos de personas para mostrar daños físicos y mentales causados ​​por abusos como la tortura.