Identidades religiosas para un nuevo país/Felipe de J. Monroy

La semana pasada tuve el privilegio de participar en un coloquio organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para reflexionar sobre las reformas constitucionales que hace tres décadas volvieron a institucionalizar a los diferentes grupos religiosos presentes en el país; un avance histórico tras 75 años de una convivencia simulada y pragmática entre las iglesias y las autoridades civiles en México.

Los expertos en derecho hicieron un recorrido puntual sobre cuántas ventajas ha traído el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las asociaciones religiosas activas en México, especialmente para diferenciar los derechos, las responsabilidades, los límites y las obligaciones tanto de las asociaciones como de sus ministros de culto en la vida de la nación.

Por supuesto, los especialistas no dejaron de compartir sus particulares posiciones respecto a lo que aún hace falta por construir en el país respecto a las relaciones o las expresiones legales y legítimas de los ministros de culto y las asociaciones religiosas. En esto, como es de esperarse, hay algunas diferencias y distancias.

Por una parte, hay quienes afirman que aún se debe consolidar un Estado laico que propugne por laicizar a la sociedad mediante una actitud cada vez más aséptica (y escéptica) ante las identidades y expresiones religiosas de sus ciudadanos. En general, se apela a que el Estado controle aún más la esfera pública y determine qué discursos e identidades son permitidas fuera del ámbito privado y personal.

Por el contrario, otros opinamos que aún hace falta madurar a nuestro Estado laico para que reconozca la riqueza de las diferentes expresiones religiosas y que, sin dejar de custodiar los principios democráticos de laicidad, diversidad, pluralidad, equidad y diálogo, exista una posición de mayor apertura y menos interventiva en las libertades fundamentales de religión, conciencia, pensamiento y expresión de los fieles y de los ministros de culto.

En medio de estas diferencias, yo celebro dos cosas: que nadie –en verdad nadie– esté a favor de un Estado confesional, monárquico o tradicional; y que cada vez se nota un diálogo más maduro entre la ciudadanía respecto a que su identidad religiosa está unida a su identidad personal y, por tanto, a la identidad y responsabilidad ciudadana.

En la disertación, además hice una reflexión con la mirada puesta en el futuro del país a propósito de nuestra experiencia histórica en la conformación republicana y posrevolucionaria de México, la segunda y la tercera ‘transformaciones de México’ que el presidente López Obrador identifica:

Como se sabe, a pesar de que algunos mexicanos literalmente aún sollozan de aspiracionismo monárquico, la larga batalla por la identidad republicana de México en el siglo XIX logró –entre otras cosas– la separación entre la Iglesia y el Estado; y, más adelante, tras la sangrienta Revolución nacional, la nueva patria precisó de la consolidación de instituciones que definieron la frontera entre el México prerrevolucionario y el México posrevolucionario.

Aquella etapa de la ‘Tercera Transformación’ fue liderada hace justo cien años por generales que forjaron e interpretaron la Constitución para moldear una nación mexicana con los elementos e ingredientes sociales que eran útiles y necesarios. Aquellos estadistas voltearon al caos de piezas desarmadas que era el país e intuyeron una nueva nación para la cual precisaron de unas piezas y de otras no.

Una de esas piezas que jamás cupo en el proyecto posrevolucionario, quizá una de las más complejas por su arraigo cultural y por su origen que ha trascendido pueblos y épocas, fue la Iglesia católica romana. El gobierno callista primero quiso asimilar los valores y principios católicos a través de otras iglesias más dóciles al régimen o mediante la corrupción de un sector católico con ínfulas de convertirse en patriarcado mexicano. Cuando ni la asimilación ni la corrupción funcionaron del todo, la persecución se agudizó hasta devenir en una cruenta guerra civil y religiosa donde el enemigo era ‘la identidad’ misma de unos y otros mexicanos.

Aquel conflicto se amainó mediante acuerdos verbales de las cúpulas y una prolongada simulación de coexistencia aparentemente respetuosa pero en el fondo absolutamente indiferente. Este 2022 celebramos treinta años de un nuevo modelo legal mexicano donde la diversidad de iglesias y religiones presentes tienen, por lo menos, personalidad jurídica y donde aún hay tensiones por los márgenes de libertades y participación que pueden o no tener las iglesias en la vida nacional.

Pero, si hacemos caso al presidente de México, estamos en el curso de una ‘Cuarta Transformación’ que también voltea al caos que somos y valora cuáles piezas serán útiles en el nuevo país que se desea forjar y cuáles no. Todos los debates profundos del país reflejan esa tensión dicotómica entre qué aspectos de la vida pública deben ser reintegrados al Estado (mercado, democracia, seguridad, educación, comunicación, religión, etc.), cuáles deben ser asimilados por nuevas instituciones que procuren no colisionar con los regímenes futuros o qué instituciones asumen una posición de resistencia y de íntegra permanencia post cuarta transformación.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe