CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero de 2017.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será necesario que exista confianza en las instituciones, según revela un estudio del Senado de la República.

El documento –cuya copia posee Quadratín México– advierte que entre los retos de México en esta lucha se ubican “la socialización de la cultura de la legalidad y la promoción de la denuncia de actos corruptivos”.

El estudio, elaborado por el maestro Israel Palazuelos Covarrubias, reconoce como tema fundamental para el éxito de este sistema, la simplificación administrativa, la elevación de los niveles educativos en el país y el fortalecimiento de la eficacia del sistema de investigación y persecución del delito.

“Estos son retos permanentes que no se pueden dejarse a un lado”, advierte el investigador.

En el documento intitulado “Mirada Legislativa: Fiscalía Anticorrupción”, el académico advierte que el fenómeno de la corrupción es un problema presente en todo el mundo, sin embargo, existen notables diferencias entre países, con variaciones dependiendo de la latitud a la que se haga referencia.

El documento, entregado a cada uno de los líderes del Senado de la República, hizo ver que las encuestas de opinión, respecto con el fenómeno de corrupción, proporcionan un importante panorama de su percepción a nivel social, muestran cómo los ciudadanos conciben el fenómeno y sus actitudes ante él.

“Los medios de comunicación y la transparencia también son elementos clave en los niveles de conocimiento de actos de corrupción y con ello de exigencia de castigos, así como las propias sanciones”, reconoce.

Advierte que Transparencia Internacional con su Índice de Percepción de Corrupción es hacer visible el fenómeno para incidir en su combate.

Los resultados de la Encuesta de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2015 concluyen que “los mexicanos estamos convencidos que la corrupción es grave en nuestro país, que debería ser intolerable y que el gobierno debería trabajar activamente en su control y disminución”.

Luego de analizar este fenómeno a nivel continental, el académico del Instituto Belisario Domínguez reconoce que hay poca confianza en la efectividad de las medidas tomadas hasta ahora y por ello creen que el problema irá en aumento.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, pese a que hay importantes avances en materia de combate a la corrupción en México, estas han sido insuficientes hasta el momento, sintetiza.

              

¿Qué será el Sistema Nacional Anticorrupción?

 

Para el investigador parlamentario, uno de los esfuerzos más grandes de sociedad y gobierno en materia de combate a la corrupción es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mismo que contempla la existencia de la Fiscalía especializada en esta materia.

Presentado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 18 de julio de 2016 –producto del trabajo conjunto de sociedad civil, legisladores, académicos y autoridades– busca impulsar una serie de leyes que buscan desmantelar las redes de corrupción que operan.

Este cambio legislativo –reiteró– busca fortalecer los organismos encargados de velar por la rendición de cuentas en México y crear nuevos instrumentos que aseguren el combate frontal a la corrupción y la impunidad.

Reconoció que México en el contexto regional, es uno de los países que más recientemente realiza esfuerzos por institucionalizar la lucha contra la corrupción.

En el SNA se configura como “la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Es por ello que existe la imperiosa necesidad de cambios políticos diversos ante la pérdida de los controles centralizados de la corrupción para dar paso a un sistema con múltiples actores: la reorganización y redistribución del poder político.

Anteriormente –acotó– “existía entre la sociedad la noción de que la corrupción tenía una dimensión, no igualitaria, pero sí redistributiva”: proyectos públicos que beneficiaban a políticos y sus amigos pero que a su vez representaron la creación de fuentes de empleo y apoyo a la economía.

Otros factores que podrían contribuir a explicar esta necesidad, son el aumento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y muy probablemente de la mano, la mayor atención de los medios de comunicación en estos temas.

Con esto, podría ser que actos de corrupción siempre pudieron haber estado presentes, pero solo recientemente, puestos a la luz pública.

La figura del Fiscal Anticorrupción de acuerdo con la legislación aprobada, el titular de la Fiscalía Anticorrupción será nombrado y removido por el Fiscal General de la República, acciones que podrán ser objetadas por el Senado.

Sin embargo, de manera transitoria, el Senado de la República nombrará al primer Fiscal Anticorrupción por al menos las dos terceras partes de los votos, en este caso el Ejecutivo Federal podría objetar la decisión de los Senadores, quienes estarían obligados a nombrar un nuevo Fiscal.

El titular de esta unidad durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, concluyó el investigador.