Impone INE sanciones por 6.1 mdp a partidos

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero de 2026.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nueve procedimientos administrativos sancionadores oficiosos en materia de fiscalización, cinco de los cuales fueron declarados fundados e implican sanciones por 6.1 millones de pesos a varios partidos políticos involucrados, conforme lo dispuso la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

Dichos procedimientos oficiosos están relacionados con un proceso electoral local ordinario y otro concurrente, así como con la revisión de informes anuales y en los que se acreditaron infracciones tales como egresos sin destino conocido, un reporte sin veracidad, una aportación prohibida y una omisión de atender requerimientos.

Tres casos distintos se declararon infundados, porque no hubo elementos que acreditaran infracción alguna, mientras que en otro se declaró el sobreseimiento, al haber quedado sin materia, toda vez que el Tribunal Electoral Local determinó que la propaganda analizada no causó beneficio a los denunciados.

La autoridad electoral nacional recibió por otra parte el informe relativo a los Procedimientos de Liquidación de los Extintos Partidos Políticos, en el que se destaca la presentación del informe final de cierre del procedimiento de la liquidación del otrora Partido Fuerza por México.

Además, da cuenta de la situación que guarda el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Social, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y de la Revolución Democrática.

Listos. lineamientos de fiscalización para Revocación de Mandato

También, aprobó los Lineamientos para la Fiscalización de la Revocación del Mandato en Hidalgo y Oaxaca, así como para otras participaciones ciudadanas de esta índole que se realicen en 2026.

Esta fiscalización a cargo del INE incluye la comprobación de los gastos permitidos a los partidos durante los procesos de Revocación, así como en la correcta aplicación de ingresos y egresos, cuyo objetivo es garantizar que los procesos democráticos se lleven a cabo de conformidad con la legislación local aplicable y en los acuerdos aprobados por el Instituto y el Organismo Público Local Electoral (OPL) del estado correspondiente.