Impone PRI mayoría y avanza Ley de Seguridad Interior; va al Pleno

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre de 2017.- El PRI y sus aliados impusieron su mayoría en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y aprobaron por 18 votos a favor y 13 en contra, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con lo que se turnó a la Mesa Directiva y se prevé que este mismo jueves se discuta y se vote ante el Pleno camaral.

Los diputados del PRI, Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, votaron a favor del dictamen, sin embargo, la sorpresa fue la diputada del PAN, Claudia Sánchez Juárez, quien también su voto a favor; mientras que en contra lo hicieron los legisladores del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.

Aunque en la elaboración de este dictamen se consideraron y analizaron en total seis iniciativas, dos que están en el Senado y cuatro que fueron presentadas por diputados, el documento final se elaboró con base en dos iniciativas que presentaron, por un lado, los diputados del PRI, Cesar Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, el 8 de noviembre de 2016, y por otra, la diputada Sofía González Torres del Partido Verde el pasado 14 de febrero.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes Guillén Vicente, destacó que es necesario legislar el tema de seguridad para acotar claramente qué medidas habrán de tomarse y qué autoridades deberán participar para enfrentar amenazas internas, sin que esto signifique restringir o suspender derechos humanos y garantías constitucionales.

Al respecto enfatizó que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior corresponderá a las fuerzas estales y federales, y sólo cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas, por lo cual la legislación “no conlleva a la militarización del país”.

“Toda intervención de fuerzas federales y de Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente de la República, y sólo cuando subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”, detalló.