Impostergable, discusión sobre las policías en México: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2017.- Al inaugurar el Sexto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que no se puede seguir postergando la discusión de lo que pasa con las policías en México.

Las mejores policías, aquellas que son eficaces en el cumplimiento de su mandato y merecen la confianza y el apoyo social, funcionan a partir de tres bases fundamentales: un mandato claro, un sistema de carrera profesional con los derechos adecuados para la delicada función y múltiples mecanismos de control interno.

En el país, Luis Raúl González afirmó que ninguna de estas tres bases se encuentra establecidas o lo suficientemente a nivel federal, estatal o municipal, lo cual explica muchos de los problemas en la materia que se enfrentan y urge a la necesidad de atender sus causas.

“Recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones requiere recuperar la confianza en las policías como el vínculo más evidente e inmediato con las personas, así como el primer eslabón indispensable para el debido cumplimiento y aplicación en la ley como base de la convivencia pacífica”, expresó el titular de la CNDH.

En su intervención en un evento organizado por Causa en Común, el Ombudsman nacional reiteró que incorporar a las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad propiciaron que la discusión integral, objetiva, plural e informada sobre el modelo del Mando Policial que el país demanda permanezca como un pendiente en el Poder Legislativo desde hace varios años.

Desde el Alcázar del Castillo de Chapultepec donde se analiza la situación que guarda la Policía en México, González Pérez refirió que antes de emprender la reforma relativa a los policías civiles, se dio prioridad a la discusión de la Ley de Seguridad Interior que abriría la puerta para que la participación militar en la seguridad de las personas dejara de ser vista como un recurso provisional y extraordinario para ser una cuestión permanente y ordinaria, aunque ello implicara que en la práctica dejar de lado postulados como el artículo 21 constitucional.

“La atención de los problemas de seguridad que enfrenta el país debe emprender bajo un enfoque integral que partiendo de una lógica preventiva más que reactiva se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, con pleno respecto a los derechos”, enfatizó al reiterar que se debe poner en primer término y en el centro de la misma a las personas.

La prevención difícilmente podrá concretarse y ser efectiva desde cualquier esquema cuyo sustento sea la utilización de las Fuerzas Armadas, sin que ello implique demérito alguno del prestigio de la institución policial.

En México, agregó, se cuenta con policías que conviven e interactúan sin contar con las capacidades y recursos suficientes y necesarios para asumir con éxito las tareas constitucionales en materia de seguridad pública. De igual forma, señaló que carecen de un marco institucional y normativo pertinente para coordinar y ser eficiente su actuación.

El Ombudsman nacional aseguró que las instituciones policiales representan una de las herramientas más importantes para hacer valer el Estado de derecho pero también pueden ser un importante pasivo si no funcionan sujetas a estándares profesionales y a la rendición de cuentas.

«La reforma policial debe asumirse como una prioridad para el Estado mexicano. Postergar su discusión y definición tiene como precio el que no se garanticen niveles mínimos de seguridad para las personas y su patrimonio, que no se abata la violencia y que se continúe minando la confianza de la sociedad en las instituciones y su credibilidad. Este proceso debe emprenderse de manera realista, objetiva, integral e informada, lejos de posturas extremas o dogmáticas. No hay espacio para la simulación, para falsos triunfalismos o posturas que pretendan negar con palabras lo que los hechos hacen evidente. Lo que está en juego es la integridad, la vida y el patrimonio de las mexicanas y mexicanos y, en última instancia, la estabilidad y futuro de nuestra vida democrática e institucional», concluyó González Pérez.