Impulsa GPPRD Protocolo Facultativo; exhortan a Peña que lo firme

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2016.- Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó exhortar al Ejecutivo federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo, expresamente, la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para conocer de los procedimientos de comunicaciones entre Estados y de investigación, a propuesta de la diputada Cristina Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD).

En su intervención en tribuna, se informó en un comunicado, la legisladora del sol azteca explicó que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es –desde 2008– el instrumento a través del que se faculta al Comité, a recibir y examinar comunicaciones presentadas por personas que alegan ser víctimas de violaciones por un Estado parte, de los derechos contenidos en el pacto.

Gaytán Hernández sostuvo que el único objetivo de su propuesta es conminar al Ejecutivo a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos, pues es un deber de congruencia de quien dice llevar como bandera el respeto a estos.

«México tiene la oportunidad de avanzar en materia de derechos humanos y la firma del protocolo es indispensable para que el Comité tenga la posibilidad de conocer de cerca el estado que guardan en nuestro país, los derechos económicos, sociales y culturales.

«Como legisladores, esta propuesta es una forma de dejar claro que haremos todo lo que esté dentro de nuestras facultades para que los mexicanos gocemos, en igualdad de circunstancias, de los mismos derechos», subrayó la también secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La legisladora afirmó que el GPPRD está comprometido con la defensa, vigencia y observancia de los derechos humanos, por lo que envió un mensaje a los mexicanos: “sus derechos son nuestra causa”.

Cabe recordar que en 1981 se publicó el decreto por el que el Estado mexicano aprobó el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, en el que se reconocen derechos como al trabajo, protección a la familia, a un nivel de vida adecuado, al disfrute el más alto nivel posible de salud física y mental; a la educación, a la vida cultural, a gozar del progreso científico, entre otros, lo que sentó las bases mínimas para el desarrollo a plenitud y en igualdad de los mexicanos.