Impunidad, a 7 años del asesinato del periodista Moisés Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de enero de 2022.- A siete años del asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, periodista y defensor de derechos humanos de Medellín de Bravo, Veracruz, el caso sigue sin resolverse.

Este domingo se cumplen siete años de la última vez que se vio con vida al activista, antes de ser sustraído de su domicilio, como represalia a su labor.

De acuerdo con Artículo 19, Moisés inició un proyecto informativo y de defensa de derechos humanos llamado La Unión, la voz de Medellín. El medio, que inició como un panfleto realizado a mano, daba a conocer las noticias del municipio, así como denuncias ciudadanas sobre servicios públicos y cobertura sobre la seguridad en la zona.

En su medio, Moisés también compartía información sobre los derechos que asisten a todas las personas, así como la explicación de determinadas leyes o figuras jurídicas, ya que contaba con estudios en Derecho.

Moisés también fungió como alertador sobre la violencia que había en la zona de Medellín y municipios aledaños, ya que la mayoría de los medios de comunicación se concentraban en la capital del estado. La cobertura realizada por Moisés incrementó la vigilancia ciudadana sobre la labor de las autoridades, permitiendo mayor escrutinio y mejor rendimiento de cuentas públicas.

Después de denunciar el aumento de violencia en la zona, Moisés fue alertado por conocidos, que su activismo y publicaciones habían generado incomodidad en autoridades municipales, incluso estatales. Pocos días después, fue  sustraído de su domicilio para no volver con vida.

El 2 de enero de 2015, sujetos armados se presentaron en el domicilio de Moisés, y en presencia de su familia, se lo llevaron de forma violenta, junto con computadoras, memorias y cámaras fotográficas, su material de trabajo. La omisión de actividades eficaces e inmediatas destinadas a la búsqueda y localización de Moisés, impidieron que se garantizara su integridad y bienestar. Fue hasta el 25 de enero, que las autoridades ministeriales de Veracruz, anunciaron la localización del cuerpo de Moisés sin vida.

Desde el conocimiento de los hechos, la familia Sáchez Ordóñez y ARTICLE 19 han exigido la debida investigación del caso, para lograr el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, solicitando la intervención de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), debido a la desconfianza existente generada por el contexto de impunidad y violencia y corrupción  en Veracruz. 

A su vez, la familia ha enfrentado dos litigios contra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FGR. El primero, para que ejerciera la facultad de atracción del caso, y el segundo, para que la Fiscalía otorgara copias simples del expediente a Jorge Sánchez, hijo del periodista, a fin de coadyuvar con la investigación. El proceso para exigir justicia y verdad ha estado plagado de irregularidades y de actos revitimizantes. 

A 7 años del suceso, el caso sigue sin ser resuelto, la búsqueda de justicia, reparación y verdad continúa y la violencia contra la prensa en Veracruz persiste, violencia que permitió el asesinato de las y los periodistas Armando Saldaña (2015), Juan Mendoza Delgado (2015), Anabel Flores (2016), Manuel Torres González (2016), Pedro Tamayo (2017), Ricardo Monlui Cabrera (2017),  Edwin Rivera Paz (2017), Cándido Ríos (2017), Gumaro Pérez (2017), Leobardo Vázquez (2018), Jorge Ruiz Vázquez (2019), María Elena Ferral (2020), Julio Valdivia (2020) y Jacinto Romero Flores (2021).  

La vigilancia y labor social que realizaba Moisés, fue interrumpida hace 7 años, afectando tanto al núcleo familiar como a la comunidad entera, en perjuicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, siguiendo el criterio establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las violaciones a los derechos humanos, imponen obligaciones a las autoridades en turno, sin importar el color del partido, el año en que fueron violentados los derechos o si hubo o no conocimiento de los hechos por parte de los funcionarios actuales. Las obligaciones de reparación del daño, esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, trascienden ideologías partidarias.
Por lo anterior, la familia Sánchez Cerezo y ARTICLE 19 exigen:

A la Fiscalía General de la República, tomar acciones pertinentes y conducentes a garantizar el acceso a la justicia de la familia Sánchez Cerezo.

Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, persistir en la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos, ocasionadas en perjuicio de su labor periodística o defensa de derechos humanos, a fin de garantizar su integridad, y de evitar que la sociedad siga perdiendo. 

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cumplimente las medidas reparatorias de la reparación integral del daño de la familia Sánchez Cerezo, así como de las y los periodistas que han sido víctimas de delitos, como represalia a su labor.