Incertidumbre en regulación del outsourcing

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio (Quadratín México).- La reglamentación en materia de outsourcing o subcontratación es un apartado de claroscuros que deja en la incertidumbre jurídica a las empresas, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El presidente del Comité Técnico Nacional de Capital Humano del organismo, Óscar de la Vega Gómez, dijo que a seis meses de vigencia de la reforma laboral se observa una sobrerregulación en materia de tercerización.

Advirtió que de no ser atendido lo anterior se pondría en riesgo la liquidez económica de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las principales empleadoras del país, e incentivaría la informalidad en México.

“La complejidad con que se pretende regular el outsourcing empaña el objetivo medular de la reforma laboral, que es incentivar a las empresas a optar por esquemas de subcontratación legal”, consideró el especialista.

Resaltó que las Pymes sostienen en gran medida a la economía y la competencia del país, pues representan 99.2 por ciento de las empresas, generan 51 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y constituyen 77.2 por ciento del personal remunerado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 1998 se reportaron alrededor de 950 mil trabajadores bajo un esquema de outsourcing, y para 2008 llegaron a 2.7 millones, “en otras palabras, en casi 10 años se triplicó el número de trabajadores subcontratados”.

De la Vega Gómez calculó que si esta tendencia de crecimiento prevaleció, este año habría aproximadamente cinco millones de personas trabajando bajo un esquema de subcontratación.

“Es decir, el número de trabajadores laborando bajo un esquema de subcontratación habría crecido en más de 420 por ciento en los últimos 15 años”, abundó.

Comentó que desde el 1 de diciembre de 2012, el Artículo 15A de la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) establece tres condiciones que deben cumplir las empresas para recurrir al esquema de subcontratación o outsourcing.

Estas precisan que no podrá abarcar la totalidad de actividades, iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo; deberá justificarse por su carácter especializado; y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

En opinión del especialista del IMEF, dichas disposiciones, además de representar una incertidumbre jurídica para las empresas contratantes de los servicios de tercerización, vislumbran un incremento en sus costos laborales, lo que incentivaría aún más la opacidad y la informalidad laboral en el país.

Según dijo, muchos sectores se verían afectados, principalmente las Pymes, pues el manufacturero, el comercio al por menor y el de servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, tienen una gran cantidad de empleados subcontratados.

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