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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de mayo de 2020.- Senadores del PAN refutaron que el decreto publicado por el Ejecutivo federal para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es inconstitucional y arbitrario, ya que no garantiza que las tareas que en la materia estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.
Por ello, aseguraron que incumple con las condiciones establecidas en la reforma aprobada por el Congreso en 2019, pues se arroga atribuciones correspondientes al Congreso y pone en manos del Ejército tareas que constitucionalmente corresponden a la autoridad civil.
“Nosotros le dimos la confianza al presidente, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta cinco años, el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, afirmaron en conferencia de prensa virtual.
Los panistas Kenia López Rabadán y Damián Zepeda Vidales señalaron que estas condicionantes fueron establecidas y clarificadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, nada de ello se respeta en el decreto de este lunes 11 de mayo.
“No plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública. No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria. Por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder del Estado”, afirmaron.
En conferencia de prensa virtual, senadores del Acción Nacional recordaron que el presidente durante su campaña prometió regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles y hoy sus acciones muestran, una vez más, una contradicción.
“La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen nuestro reconocimiento y respeto por su labor leal y patriótica, son las instituciones más apreciadas por la sociedad, pero este gobierno le ha dado varias tareas que no son precisamente propias de su encargo: la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y las sucursales del Banco de Bienestar, participar en los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro, combatir el huachicol, frenar el flujo migratorio, repartir libros de texto, y ahora labores de Seguridad Pública”, criticaron.
Y sentenciaron: “la estrategia de seguridad, si es que la hay, no está funcionando”, apoyados en cifras de delitos como el homicidio, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual y la violación que incrementaron durante el marzo.