Increíble que detener la pobreza no es prioridad del Gobierno: Mendoza

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de octubre de 2016.- La sociedad mexicana no puede esperar que el Estado busque reducir la pobreza sólo con programas asistencialistas, “los programas deben fortalecer y mejorar la condición de bienestar de la población y ser generadores efectivos de construcción de ciudadanía”, dijo la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (PRD).

En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava, la senadora del sol azteca afirmó que el deber de dicha dependencia es “promover, garantizar, respetar y proteger los derechos sociales de las y los mexicanos”.

“Ello implica un proceso progresivo de mejora integral de las condiciones de vida de las personas, que conjuntamente con el desarrollo económico debe construir comunidades seguras en sociedades que vivan en entornos de igualdad, de no discriminación, como ciudadanos con plenos derechos”, dijo.

Mendoza Mendoza, quien preside la comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, recordó que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una de las situaciones que más afectan a nuestro país es la pobreza y la agudización de la desigualdad económica y social.

Dijo que, frente a los datos estadísticos sobre la medición de la pobreza, la inequidad y la brecha en cuanto a los ingresos de la población, llama la atención que en el presupuesto del gasto programable correspondiente al ramo administrativo 20, se observe un decrecimiento gradual en términos nominales, pasando de 117 mil 84 millones de pesos en 2015 a 109 mil 271 millones en 2016.

“Cómo se puede pensar que combatir la pobreza y el hambre, generar una política de inclusión, son la prioridad de este gobierno con el que coadyuvamos si vemos una baja en el presupuesto”, advirtió.

La Senadora por Michoacán resaltó que se requiere crear una política social y económica que genere el fomento económico para las familias a través de la producción y no de la asistencia, con lo cual se evitará que las familias únicamente dependan de los programas que proporciona el Estado.

Apuntó que si bien se reconoce la Estrategia Nacional de Inclusión como una de las acciones centrales del gobierno federal, es necesario poner especial atención en las diversas partidas presupuestales concurrentes, por lo que cualquier decrecimiento presupuestal limitará el cumplimiento de las metas y objetivos que nos parecen muy relevantes dentro de esta política.

“Creemos que una política real de inclusión e igualdad de oportunidades, como se plantea en el cuarto Informe de Gobierno, debe basarse en dar recursos suficientes para que no haya ningún pretexto en el cumplimiento de estos programas como lo mínimo a atender hacia una ruta progresiva de combate a la desigualdad”, dijo.