Incumplen con arresto domiciliario en Michoacán por costo de brazaletes

MORELIA, Mich., 17 de octubre de 2017.- La Coordinación del Sistema Penitenciario podría estar incurriendo en violación a los derechos humanos de dos hombres privados de la libertad a los que un juez del orden estatal concedió la suspensión del proceso y cumplir su condena desde su domicilio, hace poco más de un mes, pero que el sistema les negó por no tener fondos para la adquisición de brazaletes electrónicos.

El juez Segundo Penal de Primera Instancia, Francisco Javier Bedolla acordó, con defensa y fiscales, solicitar a la Coordinación del Sistema Penitenciario información para la modificación de la medida cautelar distinta a la prisión para los hermanos Simón y Luis Alberto, consta en un documento en poder de Agencia Quadratín; sin embargo, la respuesta fue negativa.

El acuerdo, basado en el Artículo 155, Fracción 12, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pedía que la autoridad penitenciaria otorgara a los internos el acceso a un brazalete electrónico.

Pero la autoridad respondió que no, argumentando que no se contaban con presupuesto, no obstante que es derecho de los internos y uno de los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al que se ampararon cuando este entró en la región de Morelia en 2015.

Los hermanos Simón y Luis Alberto permanecen recluidos en el penal de Delitos de Alto Impacto sentenciados desde 2014 por el delito de secuestro cometido en contra de dos civiles, pero a lo largo de su expediente se refiere en múltiples ocasiones anomalías relacionadas con tortura en su contra, cosa que no sucedió con sus presuntos cómplices, consta en información pública del caso en el expediente 21/2012 del Juzgado Segundo Penal.

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