CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2021.- La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, señaló que “presentamos ante la Cámara de Diputados una investigación profesional y objetiva que establece, sin lugar a dudas, la responsabilidad de las personas señaladas en delitos graves”, en referencia a los diputados Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual contra menores de edad y Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito y corrupción.

Por lo que frente a la determinación adoptada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de excluir de la orden del día del período extraordinario de sesiones el análisis y votación de los dictámenes de la Sección Instructora relativos a la declaración de procedencia y retiro de inmunidad procesal a los actuales diputados federales, manifestó su más enérgico rechazo a esta determinación que niega el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad.

En mensaje a medios, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México destacó que “esta fiscalía no acepta, y la sociedad tampoco debería de hacerlo, que la política se interponga entre las víctimas y el acceso a la justicia”.

Puesto que las instituciones del Estado deben colocarse del lado de la justicia y en favor de las víctimas, no en contra de ellas. “Nos parece absolutamente lamentable que esta legislatura de la Cámara de Diputados haya dilatado y en los hechos negado, la posibilidad de someter a discusión y votación el desafuero de dos de sus integrantes”.

Por lo que hizo un atento, respetuoso, pero firme llamado a las diputadas y diputados federales a que analicen las pruebas que ofrece la FGJ y en el marco de sus facultades decidan si es o no procedente el desafuero de estos dos legisladores.

“Queremos que escuchen a esta fiscalía, porque en el expediente que les hemos presentado está la voz de las víctimas. Aún hay tiempo de corregir esta terrible determinación, si todas y todos los partidos políticos se deciden a colocar este asunto en la agenda de sus prioridades. La política no puede estar divorciada de la justicia”, remató.