Indicador político/Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa

Las policías, perros guardianes del establishment y el Estado

Por: Carlos Ramírez

La referencia a perros guardianes es una traducción de la palabra inglesa wachtdog. Se refiere a quienes resguardan la integridad de ciertas instituciones. El escritor comunista Paul Nizan, compañero de Jean-Paul Sartre, la usó para mencionar a los profesores de filosofía como guardianes de las interpretaciones ortodoxas.

Las policías cumplen una doble función: resguardar las instituciones del Estado y proteger a los ciudadanos de la delincuencia. Al final de cuentas, los delincuentes afectan a los ciudadanos en sus vidas y bienes, pero en realidad atentan contra la autoridad del Estado. Servir al ciudadano y proteger los bienes privados se transforma en una manera de proteger al Estado.

El caso del policía estadunidense que mató al afroamericano George Floyd durante un arresto por una falta cívica menor reflejó el papel de esas autoridades en el uso de la fuerza para detener infractores. Hasta ahora, se tienen datos de que la rodilla en el cuello es un protocolo de uso de fuerza permitido, aunque con niveles de intensidad para inmovilidad al presunto detenido sin causar la muerte.

Los policías en los EE UU son aparatos de represión social. Las marchas de protesta necesitan permisos y son encasilladas en espacios reducidos; quienes realicen protestas sin permiso son arrestados y se consignan en sus expedientes judiciales que luego afectan a los ciudadanos en la información que deben entregar para conseguir empleo.

Las policías en otros países, en mayor o menor medida, reproducen el modelo estadunidense: el uso de la fuerza de organismos de justicia para proteger la estructura de poder dominante, ya sea el capitalismo o el comunismo. Se trata, pues, de un instrumento de control social ante las protestas y de subordinación del ciudadano en asuntos de inseguridad sin componente social o político. La lucha del establishment político en los EE UU contra la Segunda Enmienda que permite la propiedad de armas a los ciudadanos tiene el fondo de desarmar a los civiles para que el Estado y sus órganos de seguridad sean los únicos que defiendan a la sociedad de la delincuencia. Pero los altos grados de inseguridad indican que el Estado es incapaz de cubrir la seguridad ciudadana. Para el sistema capitalista es preferible un ciudadano afectado por la inseguridad que armado o en las calles protestando contra el sistema.

Las policías preventivas en México responden al mismo modelo: resguardan el orden capitalista. El surgimiento de los guardias comunitarios en zonas donde las policías municipales están controladas por las banas criminales ilustra la disputa por el control territorial de partes del Estado. El asunto se agrava con las evidencias de que los grupos delictivos no sólo se dedican a delitos derivados del tráfico de drogas, sino que dominan delitos que afectan al ciudadano como particular: la extorsión, los secuestros y el cobro de impuestos especiales a los ciudadanos.

La única manera de transformar las policías de perros guardianes del establishment en garantía de seguridad ciudadana estaría en la creación de grupos ciudadanos supervisores de las actividades policiacas. Todos los programas de reformas policiacas han incluido esa propuesta, pero es la hora en que las propias policías las han desactivado.

Ley de la Omertá

Una serie de televisión basada en el secuestro y asesinato de la niña Paulette Gebara en 2010 en el exclusivo municipio de Huixquilucan, Estado de México, ha sido distorsionada por la pésima calidad de la producción. Sin embargo, la serie Historia de un crimen; la búsqueda de todos modos revivió uno de los casos más perversos de la impartición de justicia en México durante el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto.

En su momento, 2010, hubo mucho escepticismo en la solución del delito: la desaparición de una niña de su habitación en un edificio de una exclusiva y vigiada zona urbana mexiquense, la búsqueda intensa durante nueve días en la zona local y en la república y la misteriosa aparición del cadáver en la piecera de la cama de la niña sin indicios de que hubiera salido de ahí o de que hubiera sido sembrada. Y el dato adicional: en esa habitación y en esa cama la mamá de la niña Paulette concedió entrevistas para televisión sin que nadie se percatara de que la niña estuvo nueve días enrollada entre el colchón y la estructura de la cama.

La serie de Netflix revivió el caso y reactivó el interés social en esa muerte. El procurador Alberto Bazbaz y el subprocurador Alfredo Castillo, encargados de investigación y cierre, tuvieron cargos de alto nivel en el gobierno presidencial de Peña Nieto, sin que sus errores e incompetencias en el caso Paulette hubieran sido recordados.

La serie ha reactivado el interés y debería llevar a una reapertura de la investigación. Un libro puede dar muchas pistas: Paulette, lo que no se dijo, del periodista investigador Martin Moreno, en editorial Aguilar.

Zona Zero

La filtración de que la agenda estadunidense de seguridad tiene a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, y a Nemesio Oseguera Cervantes, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató nerviosismo en México y generó dos declaraciones: Ovidio tiene orden de extradición que se va a ejercer pronto y El Mencho podrían haber muerto.

A pesar de todos los indicios e informes de inteligencia de que el principal foco de inseguridad por acciones de cárteles esta en Guanajuato, ni gobernador ni gobierno federal parecen dispuestos a definir un proyecto de lucha contra la inseguridad en esa zona que está haciendo crecer las cifras de homicidios dolosos. Y no es por capacidad de fuerza porque el Estado sigue siendo superior a los cárteles, sino por falta de entendimiento entre la entidad y la federación y las razones políticas de un gobierno estatal del PAN. Sin embargo, la sociedad paga con muertos y zozobra esas rencillas políticas inexcusables.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh