ÍNDICE POLÍTICO: DF, Junta corrupta

Existe una gran incertidumbre entre los litigantes y los propios funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA), ante la problemática que  supone la entrada en vigor de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, a partir del 2 de diciembre pasado.

Dos meses han transcurrido y, hasta el día de hoy, no existe ningún  acuerdo o circular que defina los criterios a  aplicar por esas nuevas disposiciones, lo que ocasiona una situación caótica en la actuación de las 18 juntas especiales de  ese tribunal laboral, en el que actualmente se aplican de forma simultánea las normas anteriores y los artículos reformados de la ley. ¿Cuáles son los que defienden los derechos de los trabajadores?

No se han programado cursos o sesiones para siquiera comentar esta caótica situación que ya se está generalizando en aspectos tales como la intervención de los denominados “coyotes”,  quienes continúan participando al igual que los golpeadores en muchas de las audiencias ante la indiferencia de las autoridades de la Junta, lo que ha originado que algunos abogados acudan a litigar con guardaespaldas. De no ser así, resultarían lastimados.

Y ante todo ello, un abogado patronal podría hacerse cargo de la JLCyA. ¡Imagínese!

Situación grave porque tampoco se ha tomado ninguna medida para frenar la corrupción generalizada, que ha llegado al extremo de que las mecanógrafas de audiencias hayan implantado prácticamente como una obligación el otorgarles una gratificación mínima de veinte pesos por cada audiencia en la que intervienen, misma que se paga sin ningún recato a la vista de todos, situación que igualmente se presenta con todos los archivistas a quienes es necesario otorgarles un pago para que permitan ver los expedientes o para que les den trámite. Si no hay tranza, nada avanza.

Y UN ENORME REZAGO

El caso más escandaloso es el de  los actuarios, quienes  exigen una gratificación de por lo menos trescientos  pesos para practicar cualquier notificación ordinaria. O de mil pesos para otro tipo de diligencias, tales como inspecciones o reinstalaciones y, en el caso de embargos, llegan a exigir desde un mínimo de tres mil pesos hasta un porcentaje de la cantidad que se va a cobrar, argumentando que ellos a su vez tienen que pagarles trescientos pesos a los choferes de la propia JLCyA para que los trasladen.

Todos estos actos de ineficiencia y corrupción se ven favorecidos por el impresionante y creciente rezago en la resolución de los juicios laborales,  muchos de los cuales tienen una duración de cinco o más años  en lugar de los seis meses que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que a su vez ha originado que se acumulen la impresionante cifra de 80 mil juicios en trámite.

Mención aparte merece el grave problema de los sindicatos autorizados por esa Junta local y que se dedican de tiempo completo a extorsionar a las empresas o propietarios de pequeños negocios y hasta a los propietarios de las obras en construcción, sin importar su tamaño, amenazándolos con cerrar y clausurar sus negocios u obras, con supuestas huelgas que les imponen a través de golpeadores profesionales que se contratan al mejor postor en las propias instalaciones de la junta domiciliadas en Doctor Andrade 45, colonia Doctores.

Es de llamar la atención que, a pesar de la política social que declaran los gobiernos de izquierda de la capital del país,  en esa JLCyA que depende del gobierno aparezcan registrados mas de novecientos de esos sindicatos de extorsionadores y sindicatos blancos  totalmente al servicio de los abogados patronales, quienes ofrecen a las empresas protegerlos de los auténticos sindicatos que pudieran formar sus trabajadores, firmando contratos de protección incluso desde antes de iniciar operaciones, de manera   que de los setenta mil contratos colectivos registrados más  de sesenta y nueve mil sean “contratos de protección” firmados a espaldas de los trabajadores.

Esta situación que perjudica gravemente a los trabajadores al permitir el abuso de los patrones y de los lideres venales a su servicio, amenaza con agravarse con el inminente nombramiento por parte del gobierno perredista, de un abogado de esos empresarios, que se ha caracterizado por promover esas prácticas, como presidente titular de ese fallido tribunal. Ya le informaré si tal concreta.

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