Indiferencia corrosiva/Felipe de J. Monroy*

Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó esta semana su reporte sobre la Libertad Religiosa en el Mundo; y, si bien, en la amplia fotografía global resulta indignante la deteriorada condición de libertades en buena parte de los países africanos y asiáticos, hay casos preocupantes como el de México donde las agresiones contra creyentes y la indiferencia de las autoridades para sancionar estos actos anticipan el debilitamiento mismo de los derechos humanos.

Por una parte, el informe de la fundación pontificia distingue claramente a las naciones donde regímenes autoritarios, nacionalismos étnico-religiosos y el terrorismo fanático discriminan y persiguen a los pueblos. A pesar de que la mayoría de los países han aceptado la Declaración de los Derechos del Hombre que garantiza la libertad de credo, pensamiento y conciencia, la organización asegura que, por lo menos, dos terceras partes de la población mundial vive bajo estas adversas condiciones.

Y aunque México no se encuentra formalmente en la lista negra de las naciones donde los creyentes son perseguidos o discriminados, los investigadores y directivos de la fundación miran con preocupación el aumento en agresiones a los fieles, a los templos y a los derechos humanos de ciertos grupos sociales sin que las autoridades mexicanas ejerzan lo que la ley les mandata para mantener el orden, procurar la paz y la sana convivencia social.

En especial, la inquietud es por el fenómeno de las movilizaciones vandálicas pseudofeministas integradas por milicianos encapuchados que, sea por ideología o por interés económico, han perpetrado agresiones a personas, bienes muebles e inmuebles bajo la indiferencia de las autoridades cuya responsabilidad es garantizar la sana convivencia en el espacio público.

Un verdadero régimen de libertad religiosa no sólo procura la protección de los fieles contra actos de agresión o discriminación de terceros, también debe velar por el respeto a los centros de culto formalmente erigidos pues muchas veces es impredecible la reacción o la capitalización de la indignación comunitaria avivada por indeseables liderazgos religiosos.

La indiferencia y la inacción de las autoridades mexicanas ante la destrucción de centros religiosos o agresiones criminales contra creyentes (en las movilizaciones pseudofeministas de marzo pasado hubo testimonios de católicos que fueron atacados con gas pimienta y tasers paralizantes por encapuchadas) lamentablemente normaliza la agresión ideológica en el espacio público. Realidad que no sólo afecta a los creyentes sino también a ateos y agnósticos.

Para la fundación, México ha entrado en el listado de países ‘en observación’ por el deterioro de los derechos humanos y religiosos verificado por el aumento en la hostilidad hacia organizaciones religiosas, los ataques contra lugares de culto, la discriminación a la posición de los creyentes en los debates sobre el laicismo, los desplazamientos internos agravados por conflictos religiosos y la falta de diálogo en la codefinición de un enfoque unificado entre las autoridades civiles y religiosas para actuar frente a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, hay un elemento más que también preocupa a los investigadores consultados por la fundación: la banalización de la dimensión religiosa y espiritual de los mexicanos desde la esfera del poder público. Esa minusvaloración de la complejidad y pluralidad religiosa creciente en el país descompone la convivencia formal, legal y fraterna en el espacio público y fomenta el brote de células fundamentalistas amparadas por la indiferencia del Estado.

Una sana laicidad, por tanto, no es absoluta indiferencia a las dinámicas religiosas ni tampoco una graciosa concesión a grupos ideológicos o religiosos específicos sino un compromiso para que los verdaderos derechos humanos promuevan diálogo, tolerancia, participación y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe