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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2017.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, anunció que regresarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 115 millones de pesos, los cuales pedirán que sean destinados a la reconstrucción y apoyo de los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
De acuerdo a Córdova Vianello, este recurso es producto del plan de austeridad que aprobó e implementó el Instituto desde febrero pasado, cuando se decidió suspender también la construcción del edificio de su sede central y reintegrar los mil 70 millones de pesos que costaría, a la Tesorería de la Federación, y que fueron destinados al fortalecimiento de los mecanismos de defensa de los connacionales en Estados Unidos.
Detalló que a partir de ahí se establecieron medidas de austeridad y disciplina presupuestaria que incluían distintos rubros, entre ellos, la cancelación de la telefonía celular de los altos directivos del INE; con estas acciones se fijó una meta de ahorro por 115 millones de pesos, lo que se alcanzó.
“Esos 115 millones de pesos se han conseguido a través de la instrumentación de medidas de austeridad de las distintas unidades del Instituto. Hoy se ha alcanzado la meta, y en virtud de los momentos de emergencia nacional, estamos en grado de transferirlos a la Secretaría de Hacienda.
«Para que sea canalizada a atender estas situaciones de emergencia y beneficiar a los damnificados, ya sea en tareas de reconstrucción o a través de los programas y mecanismos que sean específicamente planteados para tal fin”, explicó.
En tanto, el consejero Roberto Ruiz por su parte, propuso dejar de ejercer cerca de 43 millones de pesos del presupuesto del próximo año, obtenidos de la cancelación de varios proyectos previsto por el INE, los cuales podrían retomarse en 2019, para que también se destinaran a los damnificados por los sismos.
Sin embargo, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, argumentó que dicha propuesta no podía considerarse debido a que no siguió la ruta jurídica adecuada al tratarse, dijo de una propuesta sobre “aspectos administrativos”, por lo que a petición de él fue enviada a análisis de la Junta General Ejecutiva del INE.
“La propuesta versa sobre aspectos administrativos, de ahí que estas deban ser atendidas, en primera instancia, por la Junta General Ejecutiva conforme a lo establecido en el Reglamento Interior del INE.
«Por ello, dado que el proyecto de acuerdo no tomó en consideración la ruta jurídica procedente, es que les propongo a ustedes turnarla a la Junta General Ejecutiva, para que dicho órgano decida lo conducente y se cumpla la normatividad”, enfatizó.
Ante ello, el consejero Roberto Ruiz defendió su propuesta y señaló que en situaciones extraordinarias como las que vive el país, no existe una ruta jurídica expresa en la normatividad, “lo que ahora he propuesto es precisamente atender a la naturaleza de las circunstancias en las que estamos, será la opinión pública la que por supuesto dirá la última palabra”, advirtió.
Y otra propuesta del mismo consejero Ruíz, fue la de crear un fondo para los 33 empleados del INE que resultaron afectados por los sismos, y donde pedía que aquellos que ganaban más de 50 mil pesos dieran un porcentaje de su salario, mientras que los 11 consejeros otorgaran el cinco por ciento de sus percepciones, lo que fue completamente desechado bajo el mismo argumento de ruta jurídica.
Todo quedó en un llamado a los empleados del Instituto a colaborar con aportaciones voluntarias en un número de cuenta que fue abierta expresamente para apoyar a estos trabajadores que perdieron su casa, o bien, resultó dañada con el sismo del pasado 19 de septiembre.