Información pedida por CNDH no es por violación a derechos humanos: PGJ

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2017.- La Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) notificó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina el inicio de los expedientes CNDH/2/2017/6980/Q, CNDH/2/2017/6982/Q y CNDH/2/2017/6983/Q, con motivo del sismo del 19 de septiembre pasado.

Particularmente, añadió la PGJ en un comunicado, solicitó la implementación de medidas cautelares, a efecto de no alterar los inmuebles colapsados después de las labores de rescate y preservar las evidencias, así como el acceso a los mismos, específicamente al Colegio Enrique Rébsamen, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como a los edificios ubicados en Zapata 56 y Saratoga 714.

CNDH, destacó, solicitó el acceso a las carpetas de investigación relacionadas con el acontecimiento; especialmente requirió un informe de las actuaciones y diligencias realizadas por la PGJ en los expedientes y la atención brindada a los familiares de las víctimas, además de conocer si ha existido alguna denuncia relacionada con agresiones sexuales dentro de los albergues de la Ciudad de México.

En ninguna de sus solicitudes ha especificado los probables derechos humanos violados, ni ha atribuido hechos violatorios a los mismos, por servidores públicos de la PGJ ni de otras dependencias, como tampoco ha señalado a esta autoridad responsable en alguno de los expedientes.

«En ese contexto, de las propias solicitudes de información, se advierte que el organismo nacional defensor de derechos humanos realizó los requerimientos, atendiendo la competencia de esta institución», indicó.

La información que derive de PGJ, resaltó, así como de su actuación, no puede determinar la existencia de una violación de los derechos humanos, antes, durante y después de los hechos acaecidos ese día.

De tal manera, agregó, que el inicio de las carpetas de investigación, resulta del conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de delito, lo que no implica que existan servidores públicos responsables de posibles violaciones a derechos humanos, como lo plantea el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

«Las medidas cautelares solicitadas para la preservación de los inmuebles, no pueden interpretarse con la finalidad de que la CNDH verifique si, antes, durante y después del sismo, se pudo haber incurrido en la violación de derechos humanos.

«Sino como un acto de investigación, a fin de preservar evidencias tendentes a probar la existencia de un delito y la probable participación de algún imputado, por lo que las medidas cautelares implementadas por parte de PGJ, tienen el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso, a la debida diligencia, es decir, derechos propios del procedimiento penal», explicó.

La normatividad que rige el actuar de la CNDH para la emisión de medidas cautelares, señala que deben solicitarse a la autoridad, a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, o bien, la producción de un daño de difícil reparación, por lo que no necesariamente constituye la acreditación de la violación, pues su sola emisión puede traducirse en un ámbito meramente preventivo o de colaboración.

Y remató indicando que los requerimientos realizados por el citado organismo, por cuanto hace a la información relacionada con las carpetas de investigación, debe entenderse que van dirigidos a verificar que la actuación del personal ministerial se apega a derecho, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las personas.