Inicia Senado debate de Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre de 2017.- El Pleno del Senado de la República analiza y discute el dictamen de las comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

En votación económica, los senadores presentes aprobaron dispensar la segunda lectura de la iniciativa y enseguida hizo uso de la tribuna la senadora del PRI Cristina Díaz Salazar, para fundamentar a nombre de la Comisión de Gobernación.

Ante la asamblea de la Cámara de Senadores, la priista indicó que en primer lugar el proyecto de decreto tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Ante la crisis de seguridad por la que ha atravesado el país, Díaz Salazar señaló que rebasa el umbral de la seguridad pública y pone en riesgo la seguridad interior; por ello se debe contar con una ley que legitime y dé certidumbre a las acciones relativas a la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles.

Con la presente Ley, afirmó: “no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente, falso el dicho quien lo dice, y mucho menos, es intención del Gobierno de la República militarizar al país como algunos aseguran”.

Se establece a la seguridad interior dentro del marco constitucional y de convencionalidad como referentes fundamentales para la vigencia de los derechos humanos. Enfatizó así que el mayor interés es salvaguardar los derechos humanos y las garantías.

Estrictamente, señaló, “se trata de regular su actuación y debida intervención a través de la coordinación bajo el mando de la autoridad civil del Gobierno de la República y no de manera autónoma y sin mecanismos de control”.

La senadora del PRI refirió que en el Senado se ha atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e inconformidad con la iniciativa.

Por lo tanto, “no es correcto acusar y decir que sólo fue una simulación y que no escuchamos a quienes consideran que la ley es contraria a los derechos humano”, aseveró.

Apuntó que se propusieron modificaciones fundamentales para que la Ley de Seguridad Interior sea plenamente constitucional y convencional con los tratados internacionales, “que no quepa la menor duda”.

“Somos conscientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y en ésta se reconoce la existencia de la facultad y obligación del Estado a garantizar su seguridad y mantener el orden público”, aclaró la senadora del PRI.

Si bien la CIDH determinó que en algunas circunstancias la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública implica la posibilidad de riesgo en la materia.

“Los estados deben ser cuidadosos al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de los disturbios internos, la violencia interna, situaciones excepcionales y la criminalidad común”, dijo al referir que durante más de una década se ha hecho uso responsable de los militares, lo otro “es un falso debate”.

La priista enfatizó que la declaratoria de protección a la seguridad interior únicamente procede en dos supuestos específicos: cuando se supere las capacidades de las autoridades competentes y exista insuficiencia de la participación de las entidades federativas y municipios.

Y remató insistiendo que: “no se militarizan las calles, al contrario, se pone orden”.