Inician senadores y funcionarios análisis legal sobre posible agencia anticorrupción

Sobre las iniciativas que se analizan en el Senado para prevenir, perseguir y evitar la corrupción, el senador priista Raúl Cervantes

Debaten la agencia anticorrupción

Andrade indicó que uno de los elementos fundamentales será generar incentivos para evitar las conductas y no sólo lo referente a la persecución.

En tanto, la senadora panista Laura Rojas Hernández refirió que el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Intencional coloca a México en el lugar 105, con 34 puntos de 100, junto a Argelia, Armenia, Bolivia, Mali y Filipinas.

“Un lugar que me parece que no corresponde al desarrollo democrático alcanzado en otros ámbitos, ni al reconocimiento que se tiene en otros temas en el exterior”, aseveró.

Asimismo señaló que informes recientes sobre la implementación de instrumentos internacionales, como la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revelan que México no está tan mal en el marco legal.

No es, añadió, un problema de reglamentación sino de aplicación de la norma de impunidad y de falta de confianza en las instituciones, especialmente del Ministerio Público.

Al respecto, cuestionó a los funcionarios sobre las acciones que debe instrumentar la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir ese flagelo en los ministerios públicos y cómo fortalecer la acción penal.

Ante la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, pidió además información sobre cómo rehacer el vínculo entre los actores del proceso administrativo.

A su vez, el senador Armando Ríos Piter, del PRD, destacó la falta de credibilidad institucional en el país, donde la percepción ciudadana es que el sistema en su conjunto no está funcionando y que gran parte del problema es la corrupción.

Consideró que se debe pensar en la construcción de un marco democrático que garantice una sana rendición de cuentas, donde cada peso que gasta un ciudadano exija que se utilice en beneficio de la sociedad, a través de los impuestos.

En ese sentido, dijo que no se deben revisar solamente las tres iniciativas en poder de la comisión, sino todas las presentadas sobre el tema, pues hay que eficientar el gasto público, establecer la rendición de cuentas y combatir de frente la corrupción.

Se tiene que ir a un planteamiento de fondo que rebase los lugares comunes y la visión conservadora respecto del marco institucional, por lo que se debe crear un sistema nacional de fiscalización que renueve la lógica de tratamiento a través de tribunales especializados, expuso.

De manera que se dé eficiencia al seguimiento del gasto y que proporcione a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mejores instrumentos en términos de participación en la evaluación del gasto, añadió.

A su vez, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez reconoció que existe corrupción tanto en la sociedad como en las instituciones, que además lacera la administración y la vida pública del país.

Reconoció que lo que hasta ahora se ha diseñado institucionalmente para combatir la corrupción no ha funcionado y se debe asumir como tal, por lo que la discusión debe darse en torno a cómo aplicar un conjunto de reformas legales que permitan prevenir y terminar con la corrupción.

En las tres últimas décadas, cuestionó, cuántas denuncias penales han prosperado contra servidores públicos por corrupción, “la respuesta, es el mejor indicador de cómo están las cosas”.

Ante los legisladores, la subprocuradora Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, coincidió en que hay un “grave escepticismo” sobre las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, así como gran impunidad que no se ha combatido.

Sostuvo que la PGR está inmersa en un proceso de diagnóstico para hacer una reestructura. “La Procuraduría fue una de las instituciones más olvidadas y más descuidadas en los años anteriores, aun cuando es pieza fundamental en cualquier estrategia de seguridad y justicia y de generar Estado de Derecho en cualquier país”, expresó.

“Nosotros vamos por la reforma profunda de la PGR y queremos que en unos años, lejos de estar discutiendo lo mal que funciona el Ministerio Público, se analice cómo fortalecerlo y generar facultades en lugar de debilitarlo”, expuso.

El secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, consideró que la especialización es el mejor camino, sin embargo, “estamos lejos de llegar a eso”, por cuestiones presupuestarias y de crecimiento”.

Sobre la desaparición de la ASF, Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, respondió a la senadora Rojas Hernández y dijo que las principales funciones de desarrollo administrativo se transferirán a la Secretaría de Hacienda.

Respecto al comentario del senador Encinas Rodríguez, destacó que son 259 las denuncias presentadas y se comprometió a precisar el estado en el que se encuentran.

En cuanto a los avances contra la corrupción, dijo sentirse insatisfecho con los logros, pues “hay avances pero no cubren nuestras expectativas”.

En su oportunidad, Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación de la SFP, señaló que la parte administrativa nunca fue exitosa ni como preventivos ni como sancionadores, “al menos por la vía administrativa, hay que adecuarlo”.

No se crearon auténticas unidades preventivas en materia de corrupción y perspectivas en el ámbito administrativo, detalló.

Sobre la creación de una Agencia Anticorrupción, Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, consideró que hay un “enorme trabajo por hacer”, independientemente del órgano que se vaya a crear.

Hay que crear una cultura de legalidad en el país, insistir en la transparencia y rendición de cuentas, porque se tienen órganos internos de control que no funcionan, que no tienen perfiles, admitió.

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