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WASHINGTON, 25 de junio (Quadratín México).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, de la cual depende Inmigración, no enviará agentes a recoger inmigrantes indocumentados detenidos por las policías de Arizona, a menos que la persona plantee riesgos de seguridad nacional, informó hoy la dependencia.
En declaraciones emitidas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley SB 1070, funcionarios del DHS precisaron las prioridades de la dependencia no cambiarán y seguirán estando enfocadas en detener y deportar delincuentes y sospechosos de terrorismo.
El máximo tribunal del país ratificó este lunes una previsión de la ley migratoria de Arizona que autoriza revisar el estatus migratorio de las personas sospechosas de ser indocumentados, al tiempo que declaró anticonstitucional otras tres.
“La decisión de la Corte de no derogar la Sección Segunda (de la SB 1070) en este momento hará que el DHS trabaje de forma más desafiante”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, en un comunicado emitido la tarde del lunes.
“En consecuencia, el DHS implementará mejoras operativas para sus programas en Arizona para asegurar que la agencia puede seguir centrándose en sus prioridades”, indicó.
“Estoy complacida de que la Suprema Corte de Justicia confirmó que el estado no puede dictar las políticas o las prioridades del control de la inmigración del gobierno”, dijo Napolitano en el comunicado.
Funcionarios del DHS expresaron su preocupación por la posibilidad de que se presente “un diluvio de llamadas” telefónicas de las policías locales de Arizona para verificar el estatus migratorio de las personas que sospechen que están ilegalmente en el país.
El DHS informó que planea emitir directivas al personal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona, reiterando la política asumida en 2011 de dar prioridad a la detención de delincuentes y personas consideradas una amenaza.
Agentes del DHS en Arizona dijeron al periódico The Arizona Daily Star que han recibido instrucciones de no acudir a los sitios en los que un policía detenga a un indocumentado para respaldar la ley estatal de inmigración, salvo en los casos de Seguridad Nacional.
Aunque, sostuvieron, el DHS seguirá tomando las llamadas telefónicas de la policía local para verificar el estado migratorio de una persona, bajo programas de coordinación y cooperación aún vigentes entre autoridades federales y locales.
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