Inseguridad principal reto de Reyes Vaca

Francisco Medina / Especial Quadratín México

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo (Quadratín México).- Michoacán es un estado donde los enfrentamientos entre el Ejército mexicano, la policía y miembros de grupos criminales están a la orden del día, donde las disputas internas entre los cárteles que operan en el territorio marcan la agenda de los medios locales y en el que los asesinatos de personajes políticos hace tiempo dejaron de ser esporádicos. Y donde la presencia de las policías comunitarias es cada vez más frecuente. A ese fenómeno es al que se deberá enfrentar el nuevo secretario de Seguridad Pública del estado el general de división, Alberto Reyes Vaca.

Y es que según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Michoacán es una entidad cuyo “poder” se disputan el cártel de los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, una escisión de La Familia.

Los delitos violentos han aumentado en toda la zona, además que se han presentado constantes enfrentamientos entre el Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado, según dieron a conocer autoridades castrenses de la 12 Región Militar, que comprende los estados de Querétaro Guanajuato y Michoacán, donde en el 2006, inició la llamada “Guerra contra el narcotráfico” con el “Operativo Conjunto Michoacán”.

La violencia en el estado y los enfrentamientos armados entre los propios integrantes del crimen organizado han obligado a vecinos de las comunidades de El Terrero, Catalinas, Vicente Guerrero, Purépero y Pinzándaro, en los municipios de Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, a refugiarse en albergues que el gobierno del estado habilitó tras el endurecimiento de los enfrentamientos.

Una investigación en la región de Tierra Caliente informó que desde hace veinte meses se libra una batalla entre dos bandas de presuntos traficantes de drogas. En esa guerra sin cuartel han muerto al menos cinco decenas de personas, la mayoría vinculadas a los dos grupos delictivos.

Por su parte, los enfrentamientos entre cárteles y éstos con las fuerzas militares detona un alto grado de violencia: levantones, decapitaciones, mutilaciones, desfiguración de cuerpos humanos producto de impactos de bala, mensajes sostenidos por clavos incrustados en los cuerpos de víctimas, etc. paralelamente, se libra un combate sangriento con los policías que se asociaron o no, a uno u otros bandos, lo que provoca una escalada de asesinatos en las ciudades más importantes del Estado.

Conforme las confrontaciones crecen, la violencia ya no sólo se debate entre grupos rivales y policías o militares, sino cada vez más va adquiriendo la fisonomía de una lucha contra el Estado.

La organización de la Familia Michoacana, lanzó una batalla contra las instituciones estatales porque supuestamente están protegiendo al cártel del Golfo, lo que causa una gran cantidad de asesinatos.

Durante varios meses los encuentros armados entre los cárteles pusieron en situación de emergencia a la población michoacana. Los asesinatos de policías municipales de ciudades como Morelia, Uruapan, Zamora, etc., se realizan a plena luz del día y con saldos de varios civiles muertos o heridos ante las ráfagas de balas. Desde mediados de 2008, ante la detención de varios narcotraficantes, se montan estrategias contra miembros de la PFP cuyos resultados son decenas de muertos.

Como consecuencia de los enfrentamientos, la región de tierra caliente y algunas ciudades periféricas se convierten en las zonas más vigiladas por los cuerpos del orden. Los retenes en las vías de comunicación, cateos domiciliarios y aprehensiones in fraganti o por órdenes de captura tienen respuestas muy diferenciadas por estrato socioeconómico y regiones. Con todo, la gente teme más a los secuestros que a las revisiones y por ello la militarización se instala en la rutina de la vida cotidiana como un elemento favorable para la seguridad. Sin embargo, los acontecimientos de violencia generalizada siguen un curso desproporcionadamente incierto.

Unas semanas después del michoacanazo en donde diez alcaldes aprehendidos, dos salieron libres por falta de pruebas pero tiempo después se arrestaron a otros tres presidentes municipales por los mismos cargos. Más tarde, se inculpó al medio hermano del gobernador, quien fue electo como diputado Federal por el distrito Electoral de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por presuntos vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, situación que le impidió tomar protesta y gozar del fuero jurídico. Interpretaciones, políticamente más comprometidas, aducen que las acciones del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico tienen sesgos electorales, al pretender “desestabilizar” la administración del perredista Leonel Godoy.

Las acciones contra la erradicación del narcotráfico no lograron detener la ola de violencia y la desestabilización de las instituciones políticas. Meses después de haber sido inculpado el hermano del gobernador, servidores públicos de algunos municipios renunciaron a sus cargos supuestamente por amenazas del crimen organizado. Nuevamente, las separaciones del cargo se dieron en algunos ayuntamientos de la región Michoacana.

El consejo destituyó a todos los policías municipales por probables vínculos con el crimen organizado. a un año de tomar posesión, en consejero ciudadano presidente fue asesinado junto con otro funcionario. mientras que los problemas de violencia son cada vez más serios en cuanto a la deformación de la institucionalidad política, el 31 de enero de 2010, después de una larga espera, se dieron autos de formal libertad a favor de 12 ex servidores públicos arraigados por el operativo “michoacanazo” y que, según medios periodísticos, no se lograron conformárseles expedientes que los inculpara con el crimen organizado. posteriormente se excarcelaron todos los funcionarios públicos. las declaraciones periodísticas de algunos funcionarios, ya liberados y en funciones públicas por su restitución en los cargos, señalan que la operación contra la infiltración del narcotráfico en el gobierno estatal y local fue un “show mediático” con fines electorales, mientras que la pGr emitió lacónicamente una declaración en la que decía que ella sólo actuaba con base en pruebas que logra allegarse.

Ante este panorama, la ciudadanía se debate en medio de un proceso de vulnerabilidad con implicaciones serias sobre la seguridad democrática a que toda población aspira. Dicha vulnerabilidad se amplifica en el marco de una crisis de gobernabilidad en la que las instituciones políticas se hallan fracturadas o trastocadas tanto por problemas de adecuación a nuevas realidades, como por la presión que ejercen actores sociales, mayormente armados, hacia la estabilidad institucional.

El problema del narcotráfico y la delincuencia son solamente una salida a sus desesperadas vidas en los recónditos espacios geográficos u obscuras colonias urbanas donde no abunda más que de lo mismo: pobreza e ilegalidad. Así, desde que se inicia la Operación Conjunta Michoacán, la violación a los derechos Humanos se generaliza mediante la militarización y la guerra entre bandas delictivas.

Grupos de autodefensa

Otro de los retos del nuevo secretario de seguridad, será controlar y desaparecer a las policías comunitarias que se han extendido por la mayor parte del estado y que se dice están conformadas por miembros del crimen organizado.

En el convulsionado estado de Michoacán, donde fueron desplegados miles de soldados y policías, los llamados grupos de “autodefensa” siguen patrullando algunas comunidades rurales armados con pistolas y fusiles, negándose a someterse hasta que se actúe contra el cartel narcotraficante que les acecha.

Las camionetas con rótulos de “autodefensa” y hombres armados a bordo seguían patrullando la mañana de este miércoles por el pueblo de Coalcomán, frente al hotel donde se instalaron centenares de policías desplegados esta semana.

“No bajamos la guardia hasta que veamos resultados”, recalcó Antonio Rodríguez, un empresario del aguacate de 37 años que se unió a esta guardia comunitaria.

Coalcomán ha sido la última comunidad de la subregión michoacana de Tierra Caliente en el que sus habitantes conformaron un grupo de “autodefensa”, siguiendo los pasos de otros pueblos que se habían alzado en armas en meses pasados.

Hace justo una semana, una multitud de personas indignadas llenaron la pequeña plaza ubicada frente a la alcaldía de Coalcomán para apoyar a los alrededor de 200 integrantes de la naciente “autodefensa” en su desafío al cartel Los Caballeros Templarios.

“Nos cansamos de pagar la cuota”, dice llanamente Adriana, una mujer de 32 años que atiende una farmacia. “Cuota” que los Templarios exigen semanal o mensualmente a dueños de negocios, agricultores, taxistas, jornaleros y hasta a los alcaldes de la región.

Tierra Caliente ha vivido en los últimos meses un clima de desgobierno en el que las “autodefensas” detenían a presuntos colaboradores de los carteles y se enfrentaban a tiros con los narcotraficantes que a su vez, para mantener su poder territorial, sitiaron durante semanas algunas pueblos amenazando a grandes compañías para que no les distribuyeran alimentos.

En sus patrullajes, miembros de las “autodefensas” de Coalcomán detuvieron la noche del martes al menos a un hombre al que acusaban de ladrón. Esposado, golpeado y sangrando lo pasearon por la plaza del pueblo a la vista de mucha gente que aún estaba en la calle y de decenas de policías federales.

Armados y muchos con el rostro cubierto, los guardias comunitarios dicen que la zona en realidad ya estaba segura gracias a ellos. Lo que exigen es que las autoridades acaben de una vez con Los Caballeros Templarios.

Por su parte, Los Caballeros Templarios han acusado a las “autodefensas” de estar vinculadas a otro cartel rival denominado Nueva Generación. Las guardias comunitarias lo niegan aunque el martes el ministro de Defensa, general Salvador Cienfuegos, dejó entrever que algunas sí están financiadas por la criminalidad.

En el retén, los hombres armados se atrincheraron detrás de un altar que originalmente fue construido por Los Caballeros Templarios para honrar al capo Nazario Moreno alias “El Chayo”.

El narcotraficante, a quien el gobierno dio por abatido durante un enfrentamiento en 2010 sin que se haya localizado el cadáver, fue convertido por sus seguidores en un supuesto santo.

El altar, con señales de haber sido baleado, aún conserva una cruz roja, con la que se identifica a los Caballeros Templarios, pintada bajo la inscripción “San Nazario”.

Los Templarios, creados en los últimos años a partir de una escisión de otro cártel denominado La Familia Michoacana, se consideran una organización “insurgente” y obliga a sus integrantes a respetar un supuesto código de honor rodeado de misticismo y religiosidad.

En la solitaria carretera de curvas pronunciadas que une a Buenavista y Coalcomán permanecen autobuses y otros vehículos incendiados con los que los Templarios bloquearon el paso a los camiones abastecedores de alimentos, medicinas y otros productos básicos, que ya han vuelto a circular.

Las disputas en Tierra Caliente, un valle con un clima seco y en algunas partes árido, también golpearon a sus escasas actividades productivas.

En Coalcomán fueron quemados tres aserraderos mientras que los cultivos de limón están vacíos y las empacadoras abandonadas.

Por su parte, el alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, denunció que en las tenencias y rancherías del municipio hay grupos armados que se hacen pasar por policías comunitarios; dijo que podrían ser integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que demandó a las autoridades federales y estatales investigar y hacer que prevalezca el estado de derecho.

Afirmó que en el acceso a la cabecera municipal de Tepalcatepec hay un retén que opera un grupo de ciudadanos reconocido por el pueblo; sin embargo, en tenencias y rancherías como Taistán, Loma Blanca, El Bejuco y Carapuato, se ha visto a gente con armas de grueso calibre que dicen pertenecer a la policía comunitaria.

Valencia Reyes indicó que, según declaraciones de algunos policías comunitarios, el Ejército Mexicano les prestó armas para que se defendieran. ‘‘No nos consta tal hecho, pero sería lamentable que hubiera sucedido. Pedimos que se investigue porque la gente del pueblo no está preparada para usar armas ni sabría qué hacer contra sicarios’’.

En tanto, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna, informó que en los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, donde se cultivan más de 12 mil hectáreas de limón, desde este martes nuevamente se está trabajando en el corte del cítrico, por lo que se garantizará seguridad en esta actividad incluyendo empaque y transporte.

El pasado 13 de marzo presuntos integrantes de la delincuencia organizada incendiaron una gasolinera y parte de una empacadora de limón en la población de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista.

A partir del 24 de febrero grupos armados de la tenencia Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en Buenavista Tomatlán, y su vecino Tepalcatepec, iniciaron un movimiento para rechazar el pago de cuotas y extorsiones por parte de Los caballeros templarios.

Mientras tanto, luego de reunirse con el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) informó que no se alineará al decreto que propone el Ejecutivo estatal en el sentido de que los modelos de las policías comunitarias y ciudadanas se conviertan en auxiliares del estado.

Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, dijo que informaron al mandatario perredista lo siguiente: ‘‘Nosotros seguiremos trabajando en cuanto a justicia, derecho y reeducación. No aceptamos su decreto y se lo hicimos saber’’.

Por su parte, el gobierno estatal informó señaló que ‘‘se definieron las directrices para trabajar en un marco de derecho a fin de consolidar las funciones de la policía comunitaria’’.

En un comunicado destacó que ‘‘la policía comunitaria no será sujeta de reglamentación en la iniciativa que en días próximos enviará el Ejecutivo estatal al Congreso local, toda vez que su función se encuentra dentro del marco legal’’.

QMX/fm