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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2026.- La bancada del PAN en San Lázaro aseguró que las declaraciones de la DEA sobre una presunta relación entre el crimen organizado y el Gobierno evidencian la falta de acciones contra la delincuencia.
Legisladores panistas afirmaron que la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no atiende el fondo de los señalamientos y mantiene una postura de confrontación con las autoridades de Estados Unidos.
El vocero del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Döring, sostuvo que nunca antes el crimen organizado había tenido tanta impunidad e influencia política como en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Añadió que, por ello, autoridades estadounidenses mantienen investigaciones contra funcionarios y políticos vinculados con Morena en distintos niveles de gobierno.
Por su parte, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero consideró que negar la crisis de violencia afecta la relación bilateral con Estados Unidos, no sólo en materia de seguridad, sino también en la atención a los mexicanos que viven a ambos lados de la frontera.
Rechaza Kenia López minimizar dichos de la DEA
Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que los señalamientos del director de la DEA, Terry Cole, no sean minimizados y exigió investigaciones serias.
La legisladora sostuvo que corresponde al Estado mexicano responder con hechos, transparencia y apego a la ley ante cualquier acusación de presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
López Rabadán afirmó que la acusación sobre una presunta conexión mortal entre cárteles y el Gobierno mexicano es de gran gravedad.
“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, declaró.
Añadió que se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia.
La diputada panista destacó que Baja California y Sinaloa requieren especial atención y advirtió que, si las investigaciones acreditan vínculos de funcionarios con grupos criminales, “esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley”.




