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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2018.- El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República trazó este lunes su agenda legislativa en cuatro rutas: político, económico, social e internacional, donde como primer punto insiste en enfrentar la criminalidad de alto impacto mediante la profesionalización de las policías del país y revirtiendo la polémica Ley de Seguridad Interior.
Al llevar a cabo su 12 Reunión Plenaria, los senadores perredistas aseguraron cumplir la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, avanzando en propuestas e iniciativas encaminadas a recuperar la seguridad nacional, así como erradicar la violencia contra periodistas y activistas.
El GPPRD arguyó que la Ley de Seguridad Interior pone en riesgo la estabilidad y la tranquilidad de la ciudadanía, además de no atacar las causas profundas del fenómeno desbordado de la violencia en México.
En la construcción de acuerdos indispensables para la transformación política, económica y social, priorizará también prevenir y atender el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, combatir todas las formas de violencia para ejercer plenamente los derechos y libertades.
En lo económico, impulsará un modelo de desarrollo que rescate las exigencias más sensibles de la economía nacional e incorpore lo mejor del mercado exterior.
Además, promoverá la igualdad de oportunidades y el libre desarrollo de actividades de los diferentes sectores, así como una propuesta fiscal alternativa encaminada a hacer frente al paquete fiscal estadounidense que permita mitigar el impacto sobre los flujos de capitales en el mediano plazo.
Para los senadores del partido del Sol Azteca es una prioridad rediscutir el pacto fiscal-federal con el propósito de eliminar toda discrecionalidad por parte del Gobierno en la asignación de recursos a las entidades federativas, triangulación de recursos a campañas electorales y el irrestricto combate a la corrupción.
En el plano social, enfrentará con propuestas los retos en educación, salud, alimentación, reducción de la pobreza, mejoramiento de salarios de los trabajadores, redistribución del ingreso, combate a la desigualdad y acceso equitativo al ejercicio pleno de todos los derechos.
“Para el gobierno actual la prioridad es maquillar las cifras de las condiciones de vida, modificar metodologías que le permitan ese disfraz y asegurar el control clientela de la población más pobre del campo y las ciudades, no construir ciudadanía ni restaurar la convivencia y el tejido social”, criticó el PRD en la conclusiones de su agenda legislativa.
El segundo periodo ordinario de sesiones y el último correspondiente a la 63 Legislatura, reconocen que está enmarcado por un contexto internacional complicado para el país, particularmente por los procesos de revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y entre México y la Unión Europea, los cuales pondrán a prueba el modelo de interacción comercial y de atracción de inversiones de Estados Unidos, Canadá y países europeos.
En el periodo ordinario comprendido entre febrero y abril de este año, el PRD adelantó que hará frente a aquellas políticas del presidente Donald Trump que representen una agresión o afectación a los derechos de los mexicanos que viven en el vecino país de Norteamérica.
Por ello, darán puntual seguimiento a las acciones que el Gobierno federal realice a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para enfrentar las posibles consecuencias de la suspensión de Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cuya eventual cancelación definitiva podría afectar hasta 600 mil inmigrantes de origen mexicano.
En la coyuntura de un año electoral como lo representa 2018,, la bancada perredista aseguró que realizará un seguimiento puntual para prevenir, y en su caso denunciar, el desvío de recursos públicos de gobiernos locales o federal.