Denuncia oposición que Morena legisla por medio de fe de erratas
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de octubre de 2018.- Como invitado especial durante la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Jan Jařab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), emitió recomendaciones a los senadores integrantes en favor de la justicia, la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas.
Sin pretensiones de exhaustividad, mencionó temas que consideró pueden ser relevantes para el Senado y su comisión en la materia, promoviendo con entusiasmo la agenda en favor de la dignidad de las personas y favoreciendo la participación, la inclusión y la consulta con los actores relevantes, especialmente con los titulares de derechos, las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
En sus recomendaciones, el representante de la ONU-DH México recomendó ante la presidenta de este órgano técnico legislativo, Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, emitir un marco regulatorio sobre el uso legítimo de la fuerza acorde con los estándares internacionales.
Crear un registro de detención único a nivel nacional que permita documentar de manera independiente y certera toda privación de libertad.
Eliminar el arraigo, tal y como lo hizo la Cámara de Diputados en abril pasado, así como cualquier otra forma arbitraria prevista en la legislación. Y lejos de merecer los supuestos merecedores de prisión preventiva oficiosa, derogar dicha figura.
Revertir el paradigma militar en materia de seguridad entronizado en la Ley de Seguridad Interior e instaurar una Fiscalía General de la República que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad, la rendición de cuentas.
Crear una institución nacional forense de carácter autónoma y profesional, además de eliminar de la Constitución la limitación prevista al reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Renovar el marco regulatorio de las personas en el contexto de la movilidad humana, a través de la misión de la legislación general en materia de desplazamiento interno forzoso.
La modificación integral al régimen jurídico en materia de asilo y la actualización sobre la normatividad sobre migración, incluso la no detención de niños migrantes, a partir de un enfoque de derechos humanos.
Avanzar en la protección de los derechos sociales, emitiendo una ley, por ejemplo, sobre el derecho al agua y otra sobre la alimentación.
En la materia de libertad de expresión, eliminar los delitos que la transgreden, emitir una auténtica una ley que regule de manera transparente la asignación de publicidad oficial y expedir un marco regulatorio adecuado para la protección de denunciantes.
Avanzar en materia de igualdad y no discriminación, favoreciendo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y afrodescendientes.
En un segundo rubro relativo a los compromisos internacionales del Estado mexicano, señaló que el Senado debe promover la ratificación de varios instrumentos que aún faltan como: el El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OP-ICESCR: Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, por sus siglas en inglés).
También el el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (OP3-CRC) y los tratados interamericanos de los derechos humanos pendientes, así como otros relevantes desde una perspectiva de derechos humanos como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
De igual forma, favorecer el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir denuncias individuales.
En el tercer rubro de nombramientos, pidió a los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos velar por procesos de designación abiertos, públicos y transparentes que garanticen objetividad en los nombramientos y se sustentes en las aptitudes y tomen en consideración el compromiso probado en derechos humanos, y potencien la igualdad de oportunidades, especialmente para las mujeres.
En la ejecución de estos objetivos, aseguró que contarán siempre con la Oficina de la ONU que representa en México, al tiempo de manifestar su plena disposición de caminar al lado de la comisión, a lo largo de su mandato.