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MERIDA, Yucatán, a 14 de octubre del 2022.- La Declaración de Mérida sobre la Vivienda Obrera fue contundente durante la clausura de los trabajadores que realizaron aquí los representantes de los trabajadores derechohabientes del Infonavit, miembros de las 56 Comisiones Consultivas Regionales, integrantes de las comisiones, comités, Consejo de Administración y de su Asamblea General, así como los dirigentes de las numerosas organizaciones sindicales, reunidos en ocasión del Segundo Congreso Nacional.
Tanto el director sectorial de los Trabajadores en el Infonavit, Mario Macias Robles, como el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, secretario general del Sindicato del propio instituto, así como diversos ponentes y asistentes, como Fernando Salgado, Pedro Alberto Salazar y el mismo ex gobernador de Campeche Abelardo Carrillo Zavala, entre otros, coincidieron en señalar que los fondos del Infonavit no deben despertar la codicia de nadie ni buscar beneficios para quienes no son derechohabientes.
Se dijo que los fondos del Infonavit alcanzan los 500 mil millones de pesos, lamentablemente son recursos que no se están moviendo y requieren que haya mayor desarrollo de vivienda, pues el número de créditos colocados es muy bajo y no va con el nivel de recursos acumulados
En la Declaración de Mérida, de 10 puntos destaca que el derecho a la vivienda de los trabajadores es una prestación laboral irrenunciable, consagrada como garantía constitucional en el Artículo 123 y constituye un pilar del pacto histórico entre la clase trabajadora, los empleadores y el gobierno para construir un Estado Social en México.
Que la integridad, fortaleza y rentabilidad social del Fondo Nacional de la Vivienda exige un manejo cuidadoso, eficiente y responsable, como el instrumento que permita sustentar opciones de vivienda para todos los trabajadores, prioritariamente para los que menos ganan.
La clase obrera aspira a bienes como derecho humano universal, legítima aspiración de una sociedad solidaria, requiere de una nueva fiscalidad –presupuestal y tributaria– y no puede darse a costa de los recursos propiedad exclusiva de las y los trabajadores, ni en detrimento del acuerdo fincado en el tripartismo.
El derecho a un trabajo decente –que ha de realizarse en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana–, y a un salario remunerativo, es la base de un desarrollo social y económico equitativo, y constituye la fuente de sostenimiento del modelo de seguridad social, así como la base del cumplimiento de las obligaciones patronales que lo sustentan, entre ellas, las aportaciones a la subcuenta de vivienda de cada trabajadora y trabajador.
Es necesario al efecto, que el Infonavit promueva una mayor sintonía entre los mercados laboral y de vivienda, imprimiendo más flexibilidad a sus productos de crédito, para que estos se adapten a la dinámica demográfica, territorial y sectorial de la demanda de vivienda.
En un contexto económico sumamente inestable, ante escenarios financieros de alta incertidumbre y en vista de una inflación persistente, el Sector de los Trabajadores reconoce el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de sostener una política de preservación del poder adquisitivo de los salarios, como motor de un mejor desempeño del mercado interno y factor de estabilidad social.
Mario Macías dijo que reconocemos y respaldamos la política salarial del gobierno de la República y confiamos en que seguirá cuidándose el poder adquisitivo de la masa salarial; reconocemos, igualmente, a los patrones que han venido cumpliendo con la obligación de aportar las cuotas salariales de conformidad con la Ley.
Puntualizó que seguiremos trabajando con el mismo rigor y cuidado que se ha hecho hasta ahora, para que se cumpla el término dispuesto por el Consejo de Administración, de concluir con la puesta en marcha de todos los nuevos productos crediticios derivados de las reformas a la Ley Orgánica del Instituto a más tardar en septiembre del año 2024.
Y en esta misma dirección, nuestro Sector cuidará que no exista desviación alguna en la implementación de las Reglas de Carácter General que garantizan el acceso de todas las viviendas y de las familias a servicios educativos, de salud, abasto, recreación y fuentes de empleo, así como a medios de transporte público seguro y accesible.