Revira Fernández Noroña ante amago de Trump sobre aranceles
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de agosto de 2016.- La diputada Cecilia Soto González coincidió con el Informe sobre el Desarrollo de México 2015, presentado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al advertir que la evidencia mostrada “permite sostener que el modelo y curso de desarrollo del país no sólo son inviables en lo económico; sino que épicamente, constituyen un severo cuestionamiento, pues lo que se está perdiendo no puede tasarse sólo en términos de capacidades productivas, sino en el indicador social por excelencia, que no puede ser otro, sino la posibilidad de tener protegida la vida en condiciones de dignidad”.
La integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), según un comunicado, agregó que difiere de la hipótesis del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, respecto a por qué no crece nuestro país –que él atribuye a la baja productividad de los factores de la producción– al considerar que confunde efecto con causa.
“¿Cómo poder pedir mayor productividad cuando el Estado se niega a implementar un aumento al salario mínimo, cuya mezquindad afecta a por lo menos siete millones de mexicanos?, ¿cómo pedir mayor productividad cuando el mandato unívoco del Banco de México, se ha centrado exclusivamente en mantener baja la producción que en estos 30 años ha significado la desindustrialización y precarización del empleo?”, cuestionó la legisladora ante académicos de la Máxima Casa de Estudios y diputados de la Comisión de Desarrollo Social.
Soto González –también presidenta de la Comisión del Distrito Federal en San Lázaro– argumentó que si bien ha disminuido el número de mexicanos en situación de pobreza extrema, no ha bajado la incidencia de la pobreza.
La legisladora criticó que la premisa de reforma del Estado que ha prevalecido durante 30 años, ha sido que si se libera a los empresarios de las restricciones, exceso de regulación y del papel opresivo del Estado, podrá haber competencia agresiva, exploración de nuevos modelos de inversión e innovación; sin embargo, esto no ha pasado, por lo que se cuestionó la viabilidad de invertir dicha premisa de desarrollo, para fortalecer el carácter emprendedor del Estado –sin caer en excesos– para que pueda incentivar más y mejores mercados.
“En vez de liberar no solo a los empresarios, ¿qué tal si liberamos los instintos emprendedores de la mayoría demográfica de este país, que son los pobres y en vez de someterlos a políticas que, en 20 años han demostrado que no son suficientes –y me refiero a las transferencias monetarias condicionadas– iniciar, de manera ordenada, una política de implementación del ingreso básico universal; es decir, transferencias no condicionadas que permitan desfasar paulatina y ordenadamente los más de cinco mil 900 programas sociales que plagan nuestro presupuesto y mantienen a los pobres muy pobres?”, agregó la legisladora.
Karina Barón Ortiz, integrante del GPPRD, sostuvo que “deberíamos voltear hacia políticas públicas diferenciadas que pudieran revisar cómo está viviendo cada ciudadano en las diferentes regiones. En la medida de que las políticas públicas sean trajes a la medida de las entidades, de los padecimientos de cada entidad, vamos a avanzar”.
La secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural, agregó que es urgente hacer un cambio en la política pública, pues en el caso de Oaxaca, entidad a la que representa, “cuando se revisa lo asignado al campo, el 60 por ciento va hacia los monopolios y el 40 por ciento a pequeños productores. ¿Cuándo diablos vamos a salir así de una situación tan crítica, sobre todo donde más se acentúa la pobreza, que es en la zona rural?”.
Barón Ortiz exhortó a sus homólogos y al Ejecutivo federal a hacer un verdadero compromiso con el impulso al desarrollo del campo, pues sostuvo que “muchas veces él es quien dictamina y determina las políticas públicas del país y si él no dispone, aquí no se mueve un dedo”.