Itinerario político/Ricardo Alemán

Al margen de que tarde o temprano se conocerá el “minuto a minuto” del fallido operativo para detener y extraditar a “Los Chapitos”, en Culiacán, lo cierto es que, a partir de la información disponible, hoy se puede concluir que todos los servidores públicos participantes violaron la Constitución.

Y es que hoy ninguna de las partes involucradas ha sido capaz de aceptar su responsabilidad en la cadena de errores y horrores cometidos durante la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”.

Por ejemplo, nada ha dicho la cancillería mexicana sobre el caso, cuando debió ser la primera instancia en conocer y evaluar la pertinencia diplomática y legal de la detención y extradición del menos de los hijos de “El Chapo”

Es decir, que el gobierno de Estados Unidos solicita al de México ejecutar una orden de aprehensión con fines de extradición. Para ello acompaña la solicitud con la información sobre los delitos por los que sería llevado a juicio en aquel país el presunto inculpado.

Además, a través de la DEA, se establece un puente con todos los candados de seguridad, para la entrega de información sobre el presunto inculpado; los delitos y el daño causado al país vecino y, sobre todo, las coordenadas sobre el desplazamiento del presunto responsable.

Si hacemos memoria, sin duda recordaremos que al día siguiente del  operativo fallido –la mañana del viernes 18 de octubre–, el propio presidente López reconoció que, en efecto, el intento de detención de Ovidio Guzmán se debió a una orden de aprehensión con fines de extradición.

Es decir, que sabían del caso no sólo el “súper secretario”, Marcelo Ebrard, sino el mismo jefe del Ejecutivo, López Obrador, y el presiente de la Corte y de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar.

¿Y por qué todas esas dependencias conocían del caso?

Elemental, porque una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores conoció de la solicitud de aprehensión con fines de extradición y una vez que evaluó su legalidad y pertinencia diplomática, la cancillería turna la solicitud de extradición a la Fiscalía General de la República –la antigua PGR–, la que una vez analizada su procedencia legal debe turnarla de inmediato al Poder Judicial para que un Juez de Distrito “obsequie” la orden de aprehensión con fines de extradición, la cual debe ser ejecutada por la Fiscalía General.

A su vez, el Poder Judicial no puede o no debe obsequiar la orden de aprehensión sin contar con todos los elementos aleatorios, como una orden de cateo. Al mismo tiempo la Fiscalía General es la encargada de cumplir tal orden de aprehensión, con la colaboración de la fuerza pública, pero encabezada por un agente del Ministerio Público Federal.

Entendido lo anterior –que la solicitud de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán se debió hacer a la secretaría de Relaciones Exteriores, la cual la turna a la Fiscalía General para que, a su vez, le pida a un Juez de Distrito quien la concede para que sea la Fiscalía General la encargada de ejecutarla–, entonces vienen las preguntas.

¿A partir de qué fecha fue solicitada a la Secretaría de Relaciones Exteriores la aprehensión de Ovidio Guzmán, con fines de Extradición? ¿Por qué hasta hoy no ha dicho nada el canciller Marcelo Ebrard?

¿A partir de qué fecha la Fiscalía General de la República recibió el expediente de tal solicitud, por parte de la SER, para luego turnarla a la Judicatura?

¿A partir de qué fecha la Fiscalía General turnó la solicitud de aprehensión a la Judicatura Federal y quién fue el Juez de Distrito que la obsequió?

¿A partir de qué fecha la Fiscalía General de la República contaba con la orden de aprehensión, con fines de extradición, de Ovidio Guzmán? ¿Quién fue el Ministerio Público Federal responsable de llevar adelante la captura?

¿Por qué nada ha dicho hasta hoy la Fiscalía General, encabezada por Alejandro Gertz Manero?

¿Qué hacían decidiendo en el operativo de captura de Ovidio Guzmán, desde el presidente López Obrador, pasando por el titular de Seguridad, Alfonso Durazo, si no son autoridad ejecutora de un mandato judicial y tampoco son competente para decidir si dejaban en libertad al hijo de El Chapo?

Por ese sólo hecho, el presidente López Obrador y Alfonso Durazo violaron la Constitución. Pero hay más. ¿Por qué no ha dicho nada el Fiscal General? ¿Fue suplantado en sus funciones Alejandro Gertz Manero? También violó la Constitución? ¿No es autónoma la Fiscalía General?

Y la cereza del pastel es el Párrafo IV del artículo 16 constitucional que dice a la letra: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

¿No violaron la Constitución desde el Presidente Obrador, pasando por el Gabinete de Seguridad y el propio Fiscal General?

¿Quién y por qué mienten?

Al tiempo.