Itinerario político/Ricardo Alemán

¡Los violadores de la Ley están en la Corte!

Son demoledoras las palabras de Alejandro Gertz Manero en una de las escuchas obtenidas de manera ilegal y reveladas de forma anónima.

Y es que entre muchas otras cosas –sobre sus alianzas también ilegales con la Suprema Corte de Justicia–, le dice a su interlocutor lo siguiente: “tenemos tres o cuatro ministros”.

Es decir, que entre “tres o cuatro” ministros de la Suprema Corte se teje el entramado del Fiscal General para violentar la Constitución a contentillo; “tres o cuatro” alfiles al servicio del otrora poderoso Fiscal General.

Sí, “tres o cuatro” ministros de la Corte que, de manera sistémica, se encargan de violentar la Ley Suprema de los mexicanos, la misma Carta Magna que juraron respetar los Tres Poderes de la Unión; Constitución de la que los propios ministros debieran ser los más celosos custodios.

Por eso la primera pregunta: ¿Quiénes son esos “tres o cuatro” amigos, socios, aliados, sirvientes o lacayos del Fiscal General?

Y es que la sola mención de los “tres o cuatro” ministros a los que alude Gertz Manero, debiera ser suficiente para iniciar una profunda investigación para conocer el nombre de los “tres o cuatro” lacayos del Fiscal General y para que sean retirados del cargo por una de las más graves faltas imaginables en un ministro de la Corte: la violación de la Ley Suprema.

Pero todo indica que no pasará nada, a pesar de que según su propia página de presentación, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.

Y es que valiosa justicia tenemos en México –que sirve para maldita la cosa–, si los encargados de velar por “la defensa del orden establecido por la Constitución” son los principales violadores de la Ley Suprema.

Y frente a esa realidad queda claro que vivimos en el peor de los mundos: un Estado sin ley y sin jueces; lo más parecido al “estado fallido”.

Pero el escenario se convierte en tragedia si además de los ministros de la Suprema Corte, se suman a la pandilla de violadores de la Constitución no sólo el Fiscal General, sino el propio residente Obrador.

Entonces la violación a la Carta Magna puede ser tipificada como una violación tumultuaria de la Ley Suprema, lo que nos lleva al fracaso total del Estado mexicano.

¿Por qué?

Porque si entre los violadores de la Constitución están los jueces y los ministros de la Corte; el Fiscal General y el propio presidente López, entonces los ciudadanos estamos en total indefensión y vivimos el fracaso del Estado todo.

Y aquí aparece la segunda pregunta.

¿Quién será el encargado de investigar y sancionar a los violadores de la Constitución, si la Carta Magna es violada por el presidente, el Fiscal General y los ministros de la Corte?

¿Quién tiene autoridad moral, ética y legal para sancionar a los violadores de la Constitución, si la Ley Suprema la violan las cabezas de los Tres Poderes de la Unión?

Y es que, como saben, es facultad del presidente mexicano remover al Fiscal General y a los Ministros de la Corte, cuando hayan cometido una falta grave. ¿Y quién removerá al presidente, si también Obrador ha incurrido en graves violaciones a la Constitución?

Por ejemplo, dice la fracción IV del Artículo 102 constitucional: “El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley…”.

Y la Ley de la Fiscalía General establece que toda violación constitucional “es una falta grave”.

Y entonces viene la cascada de interrogantes.

¿Qué clase de presidente es aquel que, como López Obrador, ha basado su gestión en la violación constitucional?

¿Qué clase ministros de la Corte son aquellos “tres o cuatro” que obedecen a consignas, presiones, chantajes o corruptelas promovidas por el Fiscal General?

¿Qué clase de Fiscal General es aquel que promueve transas y sentencias con jueces y con ministros de la Suprema Corte?

¿Qué clase de jueces se convierten en lacayos, empleados, sirvientes o botargas de un Fiscal General que los usa a su antojo?

¿Qué clase de justicia es la justicia mexicana, en donde el presidente ha convertido en lacayo al Fiscal General; en donde la fiscalía somete y chantajea a los jueces corruptos y en donde los ministros de la Corte están al servicio del Fiscal General?

¿Qué calidad de justicia existe en México, si el Fiscal General reconoce, en escuchas ilegales, que manipula a jueces para llevar adelante sus venganzas personales y somete a ministros de la Suprema Corte?

¿Qué podemos esperar de una “justicia” en donde el Fiscal General es espiado por órdenes del poder presidencial, para obligar la renuncia del titular de la fiscalía, en lugar de que el presidente sea el primero en despedir a un Fiscal presuntamente corrupto y probadamente violador de la Constitución?

Al final de cuentas el escándalo termina por confirmar que el poder de un solo hombre, el poder de López Obrador, fue capaz de convertir al Estado mexicano en un Estado podrido.

Un Estado sin justicia y sin ley; un Estado en donde el gobierno y los Tres Poderes de la Unión están podridos por la corrupción y la violación constitucional y una sociedad enferma de odio, polarización y división.

Sí, todo un logro de la “Trasformación de Cuarta”.

Al tiempo.