Jueces federales podrán enjuiciar a militares que incurran en falsedad de declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de agosto (Quadratín México).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que corresponde a la justicia ordinaria y no al fuero castrense juzgar a militares que falsean declaraciones para involucrar en delitos a civiles, pues atentan contra la administración de la justicia del orden federal.

Éste es el segundo caso que aborda el alto tribunal, con lo que busca emitir una jurisprudencia para restringir el fuero militar.

Con ocho votos a favor y dos en contra, el pleno señaló que los jueces federales sí tienen competencia para enjuiciar a los soldados que incurran en el delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas.

La discusión tuvo su origen en un conflicto competencial entre el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Michoacán y un juzgado castrense adscrito a la Quinta Región Militar.

De acuerdo con los antecedentes, el 22 de marzo de 2010, el teniente de infantería Clemente Hernández Jiménez, el sargento Antonio Martínez Hernández y el cabo Aníbal Fernández Rangel, presentaron a un civil ante el agente del Ministerio Público federal de la ciudad de Morelia, a quien supuestamente lo encontraron en posesión de una camioneta en cuyo interior había un costal con mariguana.

Al integrar su averiguación previa, el agente de la Procuraduría General de la República (PGR) detectó inconsistencias en la declaración rendida por los militares, por lo que decidió dar parte a la Procuraduría de Justicia Militar, que también comenzó su propia indagatoria.

Al solicitar la procuraduría militar la orden de aprehensión, el juez castrense la negó, pues mencionó que el asunto correspondía a un juez ordinario.

En este momento, la SCJN discute el amparo promovido por la familia de Bonfilio Rubio Villegas, indígena guerrerense que murió en un retén militar sobre la carretera que comunica a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitlán, el 20 de junio de 2009.

Sobre este caso, en diciembre de 2011, el juez sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, ordenó a un juez militar declararse incompetente en el proceso que se sigue contra el soldado que mató al indígena.

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