Llevan ante juez al agresor del Metro Tacubaya
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre de 2024.- El derecho electoral se encuentra en la primera línea de la defensa de los derechos humanos, aseguró el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes Barrera.
En este sentido, destacó las sentencias históricas el TEPJF que han modificado de manera profunda la integración de los órganos políticos del país, al visibilizar a muchos grupos en contexto de vulnerabilidad, como las mujeres, las comunidades indígenas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual.
Al participar en la presentación del libro Diálogos jurisprudenciales en el contexto de los derechos humanos, en presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Miguel Nava Xochitiotzi, y el especialista en derechos humanos Antonio Sorela Castillo, el magistrado de la Sala Superior Felipe Fuentes indicó que este avance no es casualidad.
Es el resultado —señaló por videoconferencia— de una jurisprudencia que, como refleja el libro, se nutre de principios y del artículo primero constitucional, en cuanto impone a las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
En la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Fuentes Barrera comentó que en ese contexto el Tribunal Electoral amplió la interpretación para hacerla más inclusiva y acorde con la realidad de una sociedad globalizada.
Precisó que el libro deriva del esfuerzo colectivo de 11 autores, todos ellos expertos en la materia electoral, y deja constancia de que hoy, más que nunca, el derecho electoral se encuentra en la primera línea de la defensa de los derechos humanos.
El magistrado Felipe Fuentes consideró que la obra también pone sobre la mesa la discusión sobre importantes retos de la era digital y de las nuevas tecnologías en los procesos electorales, como lo es la inteligencia artificial, aspecto que —dijo— debe abordarse con urgencia, pero sin afectar la integridad del proceso electoral y los derechos de la ciudadanía.