Justicia, prevención y protesta

@guerrerochipres

La captura del presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, el cambio de ruta del Desfile del 20 de Noviembre y otros acontecimientos conectados muestran cómo se protege la protesta legítima y de qué manera se enfrenta la penetración criminal en la vida pública. En conjunto, representan una prueba de estrés para todo gobierno obligado a responder con claridad, firmeza y proporcionalidad.

Por sí misma, la captura anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no desarticula el entramado criminal, pero sí fractura un nivel de mando y revela que la investigación avanza más allá de los eslabones operativos, en un contexto de voluntad legislativa para discutir y aprobar la nueva ley contra la extorsión, uno de los delitos de mayor impacto en Michoacán. En el terreno político, implica una respuesta a la demanda de justicia colocada en el centro desde la primera marcha de la Generación Z.

Este punto es clave para entender la decisión institucional informada por la Secretaría de la Defensa Nacional de recortar la ruta del Desfile del 20 de Noviembre, un ajuste para evitar la coincidencia física de un acto cívico con otra marcha convocada para el mismo día. No se trata de impedir la protesta, sino de administrar un espacio público donde dos fuerzas legítimas podrían chocar por simple proximidad.

En los hechos, la decisión de ajustar la ruta es una medida de prevención. Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, coinciden en la determinación de favorecer la libre manifestación pacífica. “El 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y hay que tener respeto por lo que representa el Ejército mexicano”, mencionó la mandataria federal.

La modificación del trayecto funciona como un amortiguador político y operativo, y reduce el riesgo de que una protesta legítima sea distorsionada por grupos de choque, como ocurrió el sábado con las provocaciones y el enfrentamiento que dejó cien policías lesionados y 18 personas detenidas, las cuales —informó ayer la Fiscalía General de Justicia— fueron vinculadas a proceso. Ocho quedaron en prisión preventiva justificada y 10 enfrentarán su proceso en libertad. Tentativa de homicidio, resistencia de particulares, lesiones dolosas y robo son los delitos imputados.

En conjunto, hay muestras de la capacidad para transitar en líneas simultáneas: garantizar justicia ante el crimen y asegurar que la protesta social se mantenga libre de provocadores y protegida de la violencia.