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Investiga FGE ataque en canchas de Policía y Tránsito de Morelia
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto de 2017.- Más de 50 organizaciones de la sociedad civil interesadas en que el sistema penal acusatorio se consolide en México, se manifestaron en contra de cualquier iniciativa que tenga como consecuencia dar marcha atrás a la reforma penal de 2008, cuya implementación inició el 18 de junio del 2016.
Preocupadas por defender la reforma penal contra cualquier intento de contrarreforma, organizaciones del colectivo #JusticiaSinPretextos mantienen su exigencia a las autoridades competentes a que antes de pensar en reformas legislativas y constitucionales desarrollen un diagnóstico serio, incluyente y público que permita comprender cómo mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.
En el foro Reformar para mejorar el sistema de justicia penal en México, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, presidida por la Senadora Angélica de la Peña, emitieron un pronunciamiento donde aseguran que existe consenso entre los jueces, fiscales, abogados y consultores que participaron en el evento que cualquier propuesta de ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva implicaría un retroceso y por consecuencia una contrarreforma al sistema de justicia penal.
La misma opinión, señalaron, fue expresada respecto de las propuestas que de forma encubierta buscan retomar reglas del sistema de justicia tradicional con un Ministerio Público con menos controles en detrimento de los derechos de las víctimas e imputados, así como del debido proceso.
Borde Político, Insyde, IJPP, México Evalúa/CIDAC, MUCD, IMDHD, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Institución Renace ABP, Legalidad por México y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, en acuerdo indicaron que falta tiempo para evaluar el funcionamiento del sistema penal acusatorio.
Coincidieron con el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, que los principales problemas se encuentran en la capacidad de los operadores del sistema de justicia y no en las reglas del mismo.
“Es preocupante que los servidores públicos que desde hace varias semanas han emprendido una ofensiva contra el sistema penal acusatorio insistan en posturas contrarias a la reforma penal”, reprobó el colectivo #JusticiaSinPretextos.
En su firme compromiso en defensa de la reforma penal, ven con inquietud que los señalados servidores públicos mantienen el discurso que imputa al sistema acusatorio el aumento de la incidencia delictiva y la violencia, así como de supuestas “liberaciones masivas de delincuentes”, sin presentar información confiable y objetiva que demuestre sus afirmaciones.
Las autoridades relacionadas no muestran que estén trabajando en desarrollar un diagnóstico que realmente sirva para tomar decisiones informadas y hacer los ajustes que sí requiere la operación del sistema de justicia, reiteraron las organizaciones.