La CNDH denuncia a 21 ex funcionarios en el caso Florence Cassez

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de marzo (Quadratín México).- El caso Florence Cassez sigue activo y de hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya denunció a 21 ex funcionarios policiacos, entre ellos a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, por el operativo que derivó en la detención de la francesa.

La CNDH dijo que la demanda se presentó el pasado viernes en la noche, en la Oficialía de Partes de la PGR, para que se investiguen los presuntos delitos en que incurrió el personal policiaco el 9 diciembre de 2005, cuando se detuvo a la ciudadana francesa como presunta responsable de secuestro.

Raúl Plascencia Villanueva, ombudsman nacional, reveló un informe especial sobre las presuntas irregularidades cometidas por los 21 servidores públicos.

La denuncia de la CNDH es por presuntos delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

Para Plascencia Villanueva, esta es la primera denuncia contra altos ex funcionarios federales como titular de la CNDH.

“Existe una cadena de mando que implica a los policías que intervinieron directamente en el caso hasta quienes ordenaron o toleraron estas acciones”, manifestó el ombudsman.

Pese a que en el informe no se mencionan los nombres de los presuntos implicados, en la relación que presentó Plascencia Villanueva es posible identificar a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como a Cárdenas Palomino.

En la relación también se incluye a dos directores, de Investigación Policial y Operaciones Especiales, 15 agentes operativos y dos agentes del Ministerio Público.

Entre las principales irregularidades detectadas por la CNDH en el caso, destacan “omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia, negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso” en agravio de las víctimas del delito.

Todas esas irregularidades, consideró Plascencia Villanueva, podrían traducirse en delitos como abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y ejercicio indebido del servicio público.

Y en este sentido criticó que la liberación de la francesa no fue por su inocencia, sino por el mal manejo del caso por parte de las autoridades.

Para Plascencia “la impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana”.

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