LA COSTUMBRE DEL PODER: A generales, omertá

El silencio y el olvido sobre los agravios recibidos por la sociedad, producirán más confrontación social que reconciliación nacional.

Aplazar de manera innecesaria el resarcimiento de una injusticia, de un crimen, resulta más grave y de mayores consecuencias que el agravio inicial.

Pero los códigos del quehacer político cambian, se modifican en beneficio de un nuevo tono y un moderno silencio, en la creencia de que lo no escuchado no existe, o lo dicho de diferente manera concede una naturaleza distinta al mismo delito, a idéntico abuso de la ley.

Esa parte de la sociedad mexicana que se precia de estar informada, que es capaz de formarse una opinión, supo y sabe, desde el inicio del desaguisado en procuración y administración de justicia, que Guillermo Galván Galván y Genaro García Luna tergiversaron todo lo tergiversable, con el propósito de vengarse de Tomás Ángeles y coacusados, por el delito de pensar y emitir su opinión. Incluso la PGR parecía carecer de argumentos más sólidos que los proporcionados por testigos protegidos y los testimonios de oídas.

Pero la sabiduría judicial aparece donde menos se le espera, ajena a toda sospecha y confiada en esa consciencia endogámica, alimentada de su propia seguridad, de sus fideicomisos y prebendas; en voz de la magistrada federal María de Lourdes Lozano Mendoza, se da cerrojazo a las posibilidades de libertad inmediata de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como las del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del mayor Iván Reyna Muñoz, al confirmar el auto de formal prisión que desde agosto pasado enfrentan los mandos militares por supuestos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva.

En el caso de Tomás Ángeles, la PGR le regresó diversos bienes que le tenía asegurados, luego de que la dependencia no encontró elementos que vincularan algunas propiedades del militar con la delincuencia organizada.

Los militares perdieron la apelación debido a que el tribunal consideró que la Seido acreditó la existencia del delito y la probable responsabilidad de los inculpados; los abogados de los militares tienen la posibilidad de impugnarlo por medio de un amparo que resolverá un tribunal colegiado.

Esta información oficial adquiere relevancia cuando de la lectura de columnas políticas, la sociedad se entera que la libertad de los militares es un hecho, salvo que deben asumir el compromiso de observar un código de silencio tipo omertá, porque las nuevas autoridades de procuración de justicia no quieren dimes y diretes entre el gobierno de hoy y el que recién se fue, por aquello -aseguran- de evitar confrontaciones que revivan el encono, el resentimiento y la erosión del pacto social, que vayan contra la reconciliación de los mexicanos.

Para que el Príncipe tenga éxito en su gestión política -aconseja Nicolás Maquiavelo a su pupilo-, debe actuar inspirando miedo y al mismo tiempo respeto; temor, y afecto. El hombre de Estado debe ser querido por su pueblo, y esa admiración que necesita para gobernar, se obtiene cuando se resarce a los gobernados de las injusticias de los gobiernos anteriores.

El asunto lo complica Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, pues el momento del desistimiento es en el periodo de instrucción, no después del auto de formal prisión, cuando el juzgador dio por buenas las pruebas inculpatorias presentadas.

QMX/gom