LA COSTUMBRE DEL PODER: Código penal único

Juan Silva Meza, de oficio presidente de la SCJN, demuestra una profunda ignorancia al presionar porque en México se establezca un código penal único. Lo menos que puede decirse de él, es que desconoce el origen de México como nación; elude -por petulancia, con el argumento de carecer de tiempo y necesidad de hacerlo- enterarse de lo que ocurre en su entorno político.

El empeño por establecerlo, a como dé lugar, deja de lado aspectos fundamentales de la idiosincrasia mexicana, de la cultura, de la civilización y de los usos y costumbres. Para forjar la identidad nacional aquí se alentó el mestizaje. En Canadá, Estados Unidos y el resto de América Latina, el proceso fue el avasallamiento de las culturas autóctonas, la asimilación o destrucción de las etnias y el peor de los neocolonialismos interiores, como ocurre todavía con las reservas estadounidenses.

Además del antecedente histórico, está lo que ocurre hoy en el país: el gobierno con el que regresa el PRI ha decidido reconsiderar la propuesta original de Emilio Chuayffet, para plantearse la necesidad de la evaluación casuística, por entidad, lo que es de suyo lógico, pues es imposible equiparar las necesidades de preparación y cultura de un maestro bilingüe a uno monolingüe, de un profesor urbano a uno rural, que ha de desempeñar su valor educativo entre las etnias y con la capacidad de enseñar en maya y en español, o en mixe y en español, o en nahua y en castilla.

Así como es imposible la evaluación universal a los maestros, lo es el código penal único, porque equivaldría a federalizar los criterios jurisdiccionales y a destruir, de una vez por todas, esa diversidad que es característica de México y ha contribuido a evitar que la identidad nacional y la cultura sean completamente avasalladas por los postulados del Consenso de Washington y las exigencias de la globalización.

Naturalmente existe la posibilidad de que al establecerse el código penal único y al quedar fuera del marco legal los usos y costumbres en materia de justicia penal, entidades como Oaxaca sean más fáciles de gobernar, aunque su cultura languidezca y espectáculos como la Guelaguetza se transformen en un folclore híbrido, como lo son los danzantes del atrio de la Villa de Guadalupe o de la plancha del Zócalo. Como lo son las supuestas danzas rituales de los indígenas escenificadas para los turistas que los visitan, o como ha transformado el ballet del ejército rojo las danzas populares en un espectáculo apto para todos.

Claro que pueden imponerlo, pero si lo hacen de esa manera deben considerar qué tan eficaz será y hacia dónde conducirá a la administración de justicia, pues ahora con los juicios orales quieren convertirla en escénica en lugar de en efectiva, como si la corrupción en las cortes de Estados Unidos hubiera dejado de practicarse hace muchos años.

La Comisión Warren, el fallido juicio a Sacco y Vanzetti, Guantánamo, el Acta Patriótica, son testimonios de la corrupción e impunidad que anidan en la administración de justicia de Estados Unidos. No los imiten, por favor.

QMX/gom