Poder y dinero
La delincuencia organizada produce riqueza, ésta se inserta en la economía e incide en su expansión o contracción. La actividad delictiva estuvo reglamentada por los delincuentes antes de la desregulación; sus protagonistas se atenían a un código no escrito para normar sus actividades y establecer territorios.
Sobre el efecto de la desregulación, la delincuencia organizada debió diversificar sus actividades, como consecuencia natural y adicional de la guerra declarada unilateralmente al narcotráfico desde el gobierno, y porque éste pareció haberse decidido por tutelar un cártel sobre los otros.
Por ello no debe asombrar que Stratfor, empresa global especializada en análisis de inteligencia y seguridad, considere que el narcotráfico “limita” las posibilidades de que el gobierno federal reduzca significativamente la violencia que genera la delincuencia organizada, pues además de trasegar con estupefacientes, los barones de la droga incursionan en todas las actividades delictivas, con una ventaja para ellos: el poder conferido por lo sofisticado del armamento del cual disponen y su potencia para matar, gracias a las operaciones encubiertas de las agencias de seguridad estadounidenses.
El reporte de esa consultora estadounidense señala que la “narcorrealidad” (impuesta por la desregulación total) explica la fragmentación de los cárteles y la diversificación del crimen, lo que en el futuro inmediato dificultará la erradicación de la violencia. “Pese a afirmar que México y Estados Unidos se esfuerzan sin éxito contra el narco, Stratfor alerta que sería un error que el gobierno relaje sus acciones anticrimen, esperando que así se reduzcan los niveles de inseguridad, porque ésta no es generada por el Estado”.
Naturalmente el análisis es sesgado y en beneficio de los intereses del gobierno de la nación que garantiza albergue y seguridad jurídica a la consultora, pues afirma que “la escalada comenzó mucho antes de que Calderón fuera elegido. El cambio en las rutas del narcotráfico y la competencia entre grupos criminales son el origen del descontrol de la violencia”, pero se muestra incapaz de conceder que ésta es producto de un modelo económico surgido del Consenso de Washington y de la desregulación.
Lo trascendente es lo que puede escucharse como una advertencia, previa a la visita del presidente Barack Obama a México: “La posibilidad de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reduzca significativamente la violencia del crimen organizado está muy limitada por una nueva narcorrealidad”.
Deliberadamente equivocan la percepción que pueda desprenderse de su análisis, al subrayar que hay un proceso de fragmentación de los cárteles, debido en parte a la política de los gobiernos de México y Estados Unidos de seguir una estrategia de “decapitación” de los grupos que lleva a la proliferación de organizaciones que se disputan territorios o rutas.
Afirman: “la naturaleza y el origen de la violencia en México constriñen severamente el gobierno mexicano. Debido a esas limitaciones, la mera disminución de las acciones gubernamentales contra delitos de drogas tendría poco impacto en el nivel de violencia”.
La nueva narcorrealidad está determinada por la desregulación, nada más.
QMX/gom