Navidad y tinieblas
La extorsión tal como se le conoce en México, es algo más que un hecho delictivo. También tiene orígenes y fines políticos, se practica verticalmente, es instrumento de coerción en las relaciones humanas, notoriamente en las sentimentales. Puede ser sinónimo de chantaje moral.
El María Moliner es puntual para definirla: “Extorsión.- Despojo o usurpación violenta. Perturbación, trastorno. Alteración del estado o la marcha normal de las cosas que causa perjuicio o molestia: vendré a comer si no os causo extorsión”.
Si el gobierno extorsiona con su propaganda para torcer la voluntad ciudadana, e imponer así sus políticas públicas; si extorsiona con la información, las cifras reales, los datos duros, para incidir en el estado de ánimo de la sociedad; en fin, si lo hace durante las campañas electorales para seducir y engañar al elector, ¿por qué no habrían de recurrir al mismo método los delincuentes? El mal ejemplo cunde.
La extorsión es una sorpresa, y las compañías aseguradoras no retribuyen los daños causados por ese delito que sí está tipificado; argumentan -en los departamentos jurídicos de las casas de seguros- que las víctimas entregan por voluntad propia y debido a un engaño, el o los bienes de los que fueron desposeídos. En las ciencias penales la extorsión puede ser equivalente al fraude.
Si la propaganda electoral extorsiona, como lo hizo con el voto del miedo, o con el peligro para México, no debe causar asombro que, como reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2012, durante el año anterior se reportaran 4.4 millones de extorsiones, cifra que hace de este delito el segundo en incidencia, inferior al robo a transeúnte o al cometido en el transporte público.
Pero como las aseguradoras se dan sus mañas para no retribuir a sus clientes víctimas de extorsión, es posible que esa actitud incida y determine que, de entre los 10 delitos más reportados en la encuesta, la extorsión sea el tercero que menos se denuncia ante el MP, pues sólo 413 mil 722 casos fueron hechos del conocimiento de las procuradurías, lo que significa apenas un 9.4 por ciento del total.
De las respuestas de los encuestados, se desprende que no se denunciaron 2.2 millones de extorsiones. Argumentan “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad”, y también se conducen en “actitud hostil hacia la autoridad”, a pesar de que para que las aseguradoras cumplan con su contrato, se necesita denuncia de hechos ante el MP. A quien entrega un vehículo debido a una extorsión, es difícil considerarlo víctima de robo.
Hace hincapié el Reporte en dejar constancia que en 16 entidades federativas es el delito que más se registra, de acuerdo con el estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; es decir, la mitad del país es víctima de la extorsión delictiva, y quizá en su totalidad lo sea de la anímica, de la que pretende modificar la percepción que la sociedad tiene de su gobierno y de los resultados de las políticas públicas.
QMX/gom