LA COSTUMBRE DEL PODER: Impunidad soberana

En política es más despectivo el agravio por omisión que el deliberado. Los gobernados toleran con menos dificultad el mangoneo, que el ninguneo. No conozco a nadie capaz de afirmar que Ernesto Zedillo se sentó al escritorio, envuelto en la banda presidencial, para concebir, diseñar y ordenar la masacre de Acteal. No es probable, ni es verdad.

Lo que sí es verdad y probable, es que tomó el camino largo para satisfacer el más caro de sus anhelos, el más secreto de sus sueños: trabajar en Estados Unidos. Los resultados constatan que fue su propósito desde que asumió el poder, por lo que no puso atención a los problemas de las etnias en Chiapas, a las disputas entre católicos y evangélicos, al eterno agarrón por las tierras. Parece estar documentado que Emilio Chuayffet le notificó de lo que podía ocurrir en Acteal, e hizo oídos sordos. Los consideró mexicanos de segunda o de tercera, poco dignos de su tiempo y su preocupación.

El desenlace del intento de enjuiciarlo en un juzgado de Estados Unidos es lógico, por los merecimientos hechos durante su sexenio en beneficio de la geopolítica y de seguridad nacional de sus actuales patrones, y por la sumisión del gobierno panista, que de inmediato hizo una solicitud diplomática y formal, para que a Ernesto Zedillo se le protegiera con la inmunidad soberana, por no decir impunidad soberana.

La explicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores va más allá de la razón. Argumentar que lo hicieron en defensa de la soberanía nacional, porque lo que estaría a juicio es un acto realizado cuando fue presidente de México, es absurdo, porque es obvio que muy poco les importa, como queda constancia en la intromisión de asuntos internos mexicanos por parte del Departamento de Estado, y como se manifestó en el hecho de que para la investigación sobre los sucesos de Tres Marías en que estuvieron a punto de ser ejecutados dos agentes de la CIA y un capitán de la Marina, la PGR quedara relegada al papel de coadyuvante, como lo testimonian los hechos y las imágenes: los agentes de la DEA asumieron la responsabilidad de la investigación.

Pronto satisfizo la Cancillería mexicana la solicitud formulada por el IFAI, para que hiciera pública la nota diplomática que envió el 4 de noviembre de 2011 al gobierno de Estados Unidos, en la que solicitó inmunidad al ex presidente Zedillo.

El argumento de los consejeros del IFAI fue sencillo: “ya desaparecieron las causas que motivaron la reserva de esa información”; el último 15 de agosto  promovieron el recurso de revisión de un particular, que solicitó hacerla pública en un plazo no mayor a los tres meses. Cumplieron.

Lo obtenido por Ernesto Zedillo no fue inmunidad, puesto que la matanza de Acteal está fuera de toda lógica del poder, no cabe dentro de la violencia legítima para preservar al Estado incólume; lo que logró fue impunidad por un crimen cometido durante su mandato constitucional, que él incumplió al no conceder la atención necesaria a los problemas de sus gobernados, al ningunearlos, al no evitar que los ejecutaran.

QMex/gom