LA COSTUMBRE DEL PODER: Legisladores ignorantes

Muchos desconocen los procedimientos legislativos, legales y políticos, otros actúan de mala leche o, de plano, venden su voto.

Acres observaciones recibió el texto sobre la ineficiencia operativa de Emilio Gamboa Patrón, incluso Alfredo Jalife consideró el análisis producto de una manipulación. Lo cierto es que muchos legisladores son ignorantes y, además, poco eficaces.

Los operadores políticos deficientes deciden que su papel sea negar la realidad; al hacerlo, cancelan oportunidades a sus representados -si los tienen- y a su partido.

Considero -no soy ni he sido legislador- que la negociación de las políticas públicas y las reformas legales en el Congreso, transita por dos niveles distintos, pero que necesariamente se juntan o deben hacerse coincidir.

El arreglo político consiste en toma y daca, sin  detenerse a meditar sobre su legalidad ética u operativa; en el otro extremo, la negociación se efectúa de acuerdo al librito, a la norma constitucional, que no puede ignorarse, porque quienes así lo hacen sólo muestran su desprecio por la legalidad.

Tal es el caso de los líderes de las fracciones del PRD y del PAN en el Senado, Miguel Barbosa y Ernesto Cordero. Lo hacen conscientes de que obstruyen el progreso y el proceso legislativo y político y sólo satisfacen la pasión por sentir el poder sin objeto, el poder vacío, el poder negativo, alimentado por la iniquidad, la insidia y el rencor.

Allí están las observaciones de Sergio López Ayllón, que el mismo Gamboa Patrón debiera enviar reproducir y repartir por todo el Senado, para vergüenza de quienes todo lo niegan. No le dio para decidir eso.

Dice el especialista en derecho: “La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se atascó en el Senado… La Constitución hace del presidente el jefe de la administración pública… Sin embargo, establece que la organización de la administración deriva de una ley, es decir, de un acto del Congreso. Este diseño constituye un contrapeso que, sin embargo, no es una carta en blanco para los legisladores, pues su intervención debe ceñirse a los parámetros establecidos por la propia Constitución.

“El bloque PAN-PRD reiteró que no se trataba de una oposición a que Peña Nieto organizara su administración, pero que era indispensable incorporar <<controles democráticos>> respecto de ciertos funcionarios, en particular el comisionado Nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El PRI se opuso a esta consideración pero cedió después. Sin embargo, argumentó con razón -y aquí se rompió la negociación- que esta ratificación requería de una reforma Constitucional.

“Importa destacar dos hechos. El primero: que el argumento de la necesidad de controles democráticos, por loable que sea, no es suficiente para salvar el problema de constitucionalidad. Al ignorarlo, los legisladores olvidan su deber de respetar la Constitución. El Presidente podría vetar la ley, pero es poco probable que lo haga. También pueden activarse los mecanismos de control constitucional (acción o controversia según sea el caso) ante la Suprema Corte, que en nada contribuiría a la estabilidad de la función de seguridad, tan crítica en estos momentos. Si la Corte es congruente con sus precedentes, seguramente otorgará la razón al PRI.

“Más allá de la cuestión jurídica, conviene preguntarse si la ratificación del Senado constituye seriamente un control democrático. En realidad se trata de un simple veto. En ningún caso la ratificación conlleva una corresponsabilidad del Senado en la supervisión del desempeño del funcionario o en su capacidad de removerlo, facultades que permanecen en manos del presidente… Estamos ante un nuevo juego de pirotecnia legislativa y de construcción de vetos sin corresponsabilidad. Ninguna de las dos contribuye seriamente a la rendición de cuentas”.

Es extensa la cita, pero necesaria para demostrar a la sociedad, a los electores, la ignorancia o la mala leche de muchos o pocos legisladores, y la ineficiencia de quien no aprendió a operar políticamente para exhibir a los tontos, a los voraces, pues ese debiera ser el papel de Emilio Gamboa Patrón.

Es importante destacar que los diputados priistas presentaron ante la SCJN la controversia constitucional, pues como lo mencionó Manlio Fabio Beltrones, no pueden avalar una reforma que es inconstitucional. De ese tamaño.

Emilio Gamboa Patrón debiera haber concientizado que Ernesto Cordero y Miguel Barbosa desempeñan la función de negarle todo, y él, el líder priista, debe obtenerlo todo. Políticamente correcto sería que exhibiera la ignorancia y mala leche de esa oposición rampante.

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