Abanico
¿Replanteará la reforma la razón política de los poderes fácticos de la información, y actualizará el pago de derechos de las concesiones otorgadas por el Estado?
Efervescencia e incertidumbre hay en el sector telecomunicaciones, entre los “tycoons” de la televisión, la radio y la telefonía, porque desconocen lo que el presidente de México y el Congreso pueden recetarles con una reforma legal y constitucional que permita a la nación recuperar la hegemonía del Estado en ese sector, como lo buscaron y lograron en la educación.
La innovación y diversificación en las telecomunicaciones es sinónimo de desarrollo económico y modernidad tecnológica, pues lo impulsado por el Internet, la fibra óptica, la banda ancha y la comunicación satelital en tiempo real, equivale al Renacimiento, o a la Revolución Industrial.
Pensar que las telecomunicaciones se limitan a la televisión y la radio en sus diversas modalidades, al Internet y la telefonía, es desconocer el potencial y la riqueza del sector; tan grande es, que su desarrollo debe considerarse parte de la seguridad nacional y regional de México.
Globalizar es comunicación; inversión bursátil y conjurar el desfonde total de la especulación financiera, sólo puede hacerse por la comunicación en tiempo real; detener un golpe de Estado, movilizar a la población a favor o en contra de las políticas públicas, denunciar los hechos delictivos y la corrupción, ocurre en el espacio abierto por las telecomunicaciones, cuya concesión y supervisión debe permanecer en manos del Estado.
La reforma a la ley de telecomunicaciones, ¿obligará a un replanteamiento de la razón política de los poderes fácticos de la información, al reordenamiento del pago de derechos por la explotación de las concesiones sólo otorgadas por el Estado, y la manera en que su usufructo ha de contribuir al desarrollo social y económico, pero sobre todo a la seguridad regional y nacional, y a la dignificación de la relación bilateral con Estados Unidos?
La reforma a la Ley de Amparo y la manera en que quedó redactada la fracción XIII del artículo 129, permite suponer que el Estado readquiere sus facultades constitucionales. Buena noticia, pero es sólo la mitad.
¿Cuánta riqueza crea a sus propietarios el usufructo de una concesión en telecomunicaciones otorgada por el Estado? Esa explotación de una propiedad de México y los mexicanos, ¿debe producir derechos por regalías o únicamente pago de impuestos? ¿Debe ser un porcentaje de su explotación? ¿Alguien tiene las cifras exactas de lo que el usufructo de esa concesión debe producir, de manera equitativa y para todos?
Multiplicar el número de participantes en las telecomunicaciones fortalece la autoridad del Estado, porque debilita la posición de fuerza del duopolio televisivo y del monopolio telefónico y, como lo he expresado en otros textos, en política pueden establecerse coincidencias; en materia de porcentajes, de cuánto pierdes o cuánto dejas de ganar, la disputa por el dinero conduce a posiciones irreconciliables.
La sociedad ha atestiguado acuerdos entre TV Azteca y Televisa, o entre Slim y Emilio Azcárraga Jean; será muy difícil conciliar los intereses de un trío, pero de un cuarteto o más, resultará casi imposible, y facilitará al Estado mantener el control sobre las telecomunicaciones.
QMX/gom