LA COSTUMBRE DEL PODER: Olga, Florence, la justicia

Afirman que mañana, Olga Sánchez Cordero se esforzará por determinar el talante sexenal de la administración de justicia en México, porque lo que ella proponga que se haga con el futuro inmediato de Florence Cassez, incidirá en la manera en que los jueces, magistrados y ministros decidan -en consciencia, política y judicialmente- sus sentencias y resoluciones.

Y, más allá, en la percepción que los mexicanos se hagan sobre el gobierno que recién inicia. La deducción es simple: una mujer que goza de la fortuna o padece el infortunio de su marido, amante o pareja, sabe a ciencia y paciencia su origen, su procedencia. ¿O los ministros de la SCJN actuarán como los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ajenos a lo sucedido en su país, mientras su gobierno procedía a la solución final?

Los antecedentes a lo que puede ocurrir mañana, están en las palabras dirigidas por el presidente constitucional, EPN, a los ministros que durante los primeros días de enero le reciprocaron su visita. Planteó la necesidad de construir juntos una visión de Estado de la justicia, para beneficio de los mexicanos.

Según el comunicado de la Presidencia, EPN habló de la importancia de lograr una mejor procuración de justicia, los conminó a trabajar para que las decisiones de toda la administración pública se apeguen a derecho y sean justas cuando tienen relación con los gobernados; “reiteró la absoluta disposición de su gobierno de tener una colaboración respetuosa para que la justicia llegue a todos los hogares”.

Siempre de acuerdo a lo indicado en el boletín, nos informan que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, destacó el interés del Poder Judicial para propiciar relaciones institucionales con los otros Poderes de la Unión, con el fin de buscar una mejor justicia federal para la sociedad.

Expuso que el gran reto para el Poder Judicial es consolidar los derechos humanos como el eje central del sistema de justicia mexicano. Para concretar lo anterior -dijo- es necesario contar con una nueva Ley de Amparo, construida con visión de Estado, y con la participación de las autoridades.

La suerte está echada. El agravio a los mexicanos puede ser tanto o más grave que los heredados del panismo, pues de alguna manera y para motivar la reconciliación nacional, para fortalecer el Pacto, los consejos rectores y el trabajo de los legisladores, se hace necesario un resarcimiento a tanta humillación y la demasiada violencia que todavía se vive en México.

Si Florence Cassez queda libre, debido a un amparo que conduzca a la reposición del procedimiento en el que se exhiban violaciones al debido proceso y debilidad en las pruebas, el castigo que ella dejará de purgar en México debiera recaer sobre los causantes de tanto desaguisado jurídico, judicial y constitucional -instruírseles proceso, debido a la mala procuración de justicia-, pues la SCJN lo hará público; lo sano política y judicialmente, será responsabilizar a Genaro García Luna y Lizeth Parra, porque supuestamente decidieron conculcar el debido proceso, sólo para engañar a sus patrones y a la sociedad, pero resulta que agraviaron al país entero.

Como ocurría en Lecumberri, “los pagadores” de Florence Cassez deben ser los ex funcionarios mencionados, porque ellos violentaron sus derechos.