
Límites de lo tolerado
Miranda de Wallace
Con la impunidad se fabrican judicialmente los clavos de oro que sellan el catafalco de la procuración y administración de justicia.
María Elena Herrera Magdaleno es la imagen de las dolorosas del renacimiento, de la incertidumbre, del desconcierto. Desde el corpiño, del núcleo del corazón extrae un relicario. De allí cual saca las fotografías de sus 4 hijos desaparecidos, mientras José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, explica las razones por las cuales combatir la violencia, garantizar seguridad pública, erradicar la corrupción necesita de la impunidad cero como el mejor programa de prevención del delito.
Antes, sólo unos segundos antes, María Guadalupe Fernández Martínez y José Antonio Robledo Chavarría informan a los medios sobre la inconformidad por ellos presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal, en contra del magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, por haber revocado, de manera legal y jurisdiccionalmente inexplicable, la sentencia que ameritó 10 años 5 meses y 27 días de prisión, en contra de Carlos Enrique Haro Villarreal, por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
María Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo, en un denodado esfuerzo porque las autoridades de procuración y administración de justicia reúnan pruebas y sancionen a los responsables de la desaparición de su hijo, José Antonio Robledo Fernández, son los rostros mexicanos del desengaño y la desolación, al constatar cómo la impunidad beneficia a delincuentes ya sentenciados.
Veo las caras, los ojos, el dolor; conozco las historias de esas y otras muchas desapariciones, de víctimas de levantones, de tortura, de secuestro, y sólo queda coincidir en que la única manera de contener la violencia, de frenar el delito, de prevenirlo, es romper la inercia que lleva la prevalencia de la impunidad sobre la justicia, y aplicar la tolerancia cero contra los delincuentes detenidos en flagrancia, los confesos y los condenados, porque las apelaciones que concluyen en libertad debido a tecnicismos jurídicos de una mala averiguación previa, deben llevar al enjuiciamiento administrativo del responsable de su integración.
Probar que la averiguación previa fue mal integrada por accidente o con un propósito determinado, es algo más que difícil, pero establecer como sanción preventiva un juicio administrativo, con sanciones y despido e inhabilitación, facilitará la lucha contra el crimen organizado y es un primer paso contra la impunidad, pues ésta sólo se obtiene gracias a complicidades, en la mayoría de los casos.
En el martirologio del panismo están los 4 hijos de María Elena Herrera Magdaleno, las falanges de Gabriela Ulloa Conde y el secuestro de su hermana Alicia, o las lágrimas de María Guadalupe Fernández por la desaparición de su hijo, o el recuerdo de Paola Gallo, y el desempeño en beneficio de la justicia de Isabel Miranda de Wallace.
La impunidad es el material con el que se fabrican judicialmente los clavos de oro que sellan el catafalco de la procuración y la administración de justicia. No debe tolerarse.
*Salgo de vacaciones, nos reencontramos el próximo 7 de enero.
QMX/gom