Poder y dinero/Víctor Sánchez Baños
Lo que en Estados Unidos supuestamente está señalado en su Constitución, o es interpretado por la ley como uso y costumbre legal, en este país es una facultad metaconstitucional conservada por el presidencialismo: decidir qué sí y qué no ha de transparentarse conforme lo señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. En muchas ocasiones al IFAI le dan con la puerta en la nariz.
El asunto de los privilegios fiscales es buen ejemplo para referirse al mangoneo del Ejecutivo y a la opacidad que contraviene el único logro panista en doce años: la transparencia.
Las cifras oscilan, pero de cualquier manera los montos son un escándalo. Hay quienes sostienen que con esas devoluciones de impuestos, durante el actual sexenio pudieron construirse tres refinerías. ¿A saber? Lo cierto es que unos hablan de 74 mil millones de pesos y otros de 174 mil millones, lo que no es poca cosa, sobre todo si la sociedad considera que Acción Nacional dio la espalda, traicionó sus documentos básico y su ideología, pues se propuso sacar al PRI de Los Pinos para que esa corrupción fiscal no volviera a suceder, pero todo indica que, además, se magnificó.
En diversas ocasiones se ha solicitado, a través de los conductos señalados por la Ley, e incluso el IFAI lo ha ordenado, que se hagan públicos los nombres de quienes fueron beneficiados por ese privilegio del Ejecutivo, traducido en cuantiosos beneficios fiscales. La SCJN ya echó su cuatro de espadas.
Es momento de preguntarse si, como en Estados Unidos, negar esa información obedece a una estrategia básica que podría afectar las políticas públicas en materia económica y el desarrollo estratégico de la nación; si divulgar los nombres de quienes se enriquecen a costa del desarrollo de México afecta la seguridad nacional y regional y, peor, daría al traste en la relación bilateral establecida con el vecino del norte.
El SAT no niega esa información por sus pistolas, sólo puede hacerlo con la anuencia de su patrón, el titular del Ejecutivo, quien es el único capacitado, con la facultad legal exigida para determinar las causas de interés nacional, las razones de Estado que han de esgrimirse para premiar o estimular con tan cuantiosas devoluciones fiscales el enriquecimiento de unos cuantos.
Es para dejar pasmado y con la boca abierta a cualquiera, porque se pensaría que el presidencialismo mexicano, además de ser decadente, carece de la fuerza de antaño, pero estas decisiones permiten constatar a los observadores y analistas políticos, que cuando de razones de Estado se trata, el poder de la Presidencia de la República puede responder a cualquier exigencia, incluso a la de contra reformarse o a la de revisar a fondo la relación bilateral con Estados Unidos.
Sean 74 mil o 174 mil los millones de pesos regresados a los elegidos contribuyentes, de lo que se trata es de que quede constancia que para algo sirve el privilegio Ejecutivo, o la facultad metaconstitucional de regresar impuestos a quien se considere merecedor de ese obsequio.
En TELMEX persisten en informarme que el usuario desconectó el servicio de Internet. ¿Cómo pude hacerlo si es necesario para mi trabajo? Recuerdo el reporte: 5472785.
QMEX/