LA COSTUMBRE DEL PODER: Procurar justicia y seguridad

Lo que más agravia y humilla a la sociedad es la injusticia, la prevalencia del capricho de quien todo lo puede, sobre las necesidades urgentes del que todo lo necesita. Pesada afrenta, cuya solución EPN pone en manos de Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.

Ambos funcionarios del gobierno federal deberán trabajar sin prisa y sin pausa, pues en el mundo hay señales de alarma sobre lo que sucede en México, como quedó de manifiesto con la declaración del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que hizo pública su preocupación por el <alarmante aumento> de las víctimas de esa práctica, equiparable al totalitarismo, en esta nación; llamó al presidente Enrique Peña Nieto a tomar medidas concretas para terminar con ella, así como con las desapariciones forzadas, el arraigo y el fuero militar. Revisar la procuración de justicia y la observancia de la seguridad pública, pues.

Las notas informativas del 24 de noviembre último, puntualizan: “Luego de revisar el nivel de cumplimiento que le han dado las autoridades mexicanas a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el informe final del CAT -disponible en la página www2.ohchr.org/spanish/bodies/cat/- subraya que la impunidad se ha vuelto la norma en el país, al tiempo que las medidas para prevenir, investigar y sancionar la tortura son totalmente ineficaces”.

Para constatar que los ojos del mundo están puestos en México, a los señalamientos de Naciones Unidas de inmediato se sumaron los de Amnistía Internacional, que emitió un comunicado donde señala que el gobierno no puede continuar ignorando que el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y la policía, se hicieron rutinarios.

En sus palabras: “El presidente Calderón y algunos miembros de su gobierno se esforzaron para ignorar y minimizar esta realidad. Es esencial que el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien asumirá -asumió- como presidente el 1° de diciembre, se comprometa de forma pública y explícita a cumplir con todas las recomendaciones señaladas por el comité dentro de un periodo definido”.

El organismo de Naciones Unidas otorgó al gobierno de México un año para que entregue información sobre el seguimiento que dará a sus recomendaciones, en particular las referidas al fortalecimiento de las salvaguardas legales de los detenidos, las investigaciones prontas y eficaces de cualquier denuncia de tortura y el enjuiciamiento de los responsables. Asimismo, pidió que las autoridades nacionales den seguimiento especial a las medidas para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. Urgió al Estado mexicano a abolir la figura del arraigo -elevada a rango constitucional en 2008- y aprobar una ley general contra las desapariciones forzadas.

Alguna respuesta tendrán que dar a la sociedad que gobiernan, los responsables de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y la Gendarmería Nacional, porque cuando el agravio se convierte en injuria, la reacción es más violencia.

QMX/gom