LA COSTUMBRE DEL PODER: Transparentarlo todo

La transparencia puede convertirse en el instrumento que nulifique la impunidad y disminuya la corrupción. Que acabe con las víctimas del encubrimiento.

¿Continuará el impulso a los cambios, las transformaciones parciales y pequeñas, pero que abren la posibilidad de la transición, una vez que el próximo gobierno se haya asentado en el poder?

Es posible, puede ser probable en cuanto pongan manos a la obra, y la sociedad se entere de cuáles serán las políticas públicas que establezcan la diferencia entre el viejo y el nuevo PRI, entre el acedo PAN y la necesidad de pacificar al país, convocarlo a la reconciliación nacional -a través de un acuerdo entre las facciones parlamentarias- para acabar con las divisiones y los enconos sociales.

Para lograrlo, es necesaria la reforma ofertada para transformar al IFAI, garantizar que sus decisiones sean inimpugnables, convertir en vinculante el resultado de la transparencia.

Es en esta efervescencia favorecedora de los cambios, el IFAI anuncia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública debe entregar la versión íntegra de las Cédulas de Inscripción del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, en las que se precisa la fecha en que cada entidad federativa contrajo deuda pública con instituciones crediticias; las características y condiciones de cada obligación (el monto del adeudo, el plazo contratado y la tasa), así como el nombre de los acreedores, de 2011 al 16 de octubre de 2012.

Se hizo público también que esa Secretaría había clasificado dicha información, con el argumento de que se trata de secreto bancario. Luego arguyó que los poderes federales no tienen ninguna atribución o competencia respecto del endeudamiento en que incurren los estados y municipios.

De la nota de La Jornada transcribimos: “sin embargo, durante el análisis del caso en la sesión plenaria, la comisionada ponente del IFAI, María Elena Pérez-Jaén, explicó que las dependencias y entidades del gobierno federal no pueden reservar información relativa a operaciones bancarias que se llevan a cabo con recursos públicos.

“Agregó que la Auditoría Superior de la Federación ha manifestado la necesidad de transparentar toda la información relativa a las deudas contraídas por estados y municipios, tanto aquella que se sustenta en las participaciones federales como la que tiene otro financiamiento. Son recursos públicos, por lo que existe el deber de rendir cuentas sobre las finanzas de la entidad y su capacidad de endeudamiento, para evaluar el desarrollo de la gestión gubernamental por medio del aspecto financiero y la capacidad de pago de la entidad, a efecto de evitar un colapso que repercuta en la economía de la sociedad”.

De procederse así, es posible, e incluso podría llegar a ser probable, que se muestren las pifias de Ernesto Cordero  y José Antonio Meade como secretarios de Hacienda, pero, sobre todo, sería factible que lo denunciado por Jaime René Jiménez y José López Alarcón resulte ser cierto, y evite que los convierta en los chivos expiatorios en que las autoridades hacendarias quieren transformarlos para encubrir su responsabilidad en el caso Moreira.

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