La encrucijada del INE/Federico Berrueto

Como era de esperarse, la decisión del INE ha llevado al reclamo del Presidente López Obrador y de la dirigencia de su partido.

La decisión del Consejo General del INE de posponer la consulta para la revocación de mandato ocurrió por una votación muy cerrada de sus integrantes con voto. La mayoría así resolvió porque la insuficiencia de recursos conlleva demeritar el rigor y la calidad de la jornada de la consulta. Como era de esperarse, la decisión del INE ha llevado al reclamo del Presidente López Obrador y de la dirigencia de su partido.

Más allá de la absurda consulta en el sentido de que la promueven quienes no quieren remover sino ratificar al Presidente, son los mismos que negaron al INElos recursos para organizarla en forma, el tema obliga a una reflexión sobre la manera cómo en el país se organizan las elecciones y si es el caso de modificarlas para disminuir el costo electoral.

El modelo electoral se construyó a partir de la desconfianza e implicó una prolija normatividad y una autoridad electoral independiente, profesional y permanente; también, una burocracia igualmente permanente e instrumentos confiables pero costosos, como el padrón electoral, la credencial de elector, y reglas asociadas a la equidad en la elección. Ahora, para la jornada electoral existen previsiones para asegurar comicios confiables, entre otras, el número de votantes por casilla. Al margen de la retórica maximalista del lopezobradorismo, debe reconocerse que las insuficiencias y deficiencias del sistema electoral ya no están asociadas a la organización de las elecciones, sino más bien al dinero ilegal, el uso clientelar de los programas sociales y, recientemente, a la interferencia del crimen organizado.

Con el propósito de asegurar el estándar de desempeño en la organización de elecciones, el INE solicitó un presupuesto cuantioso para la consulta. El criterio fue que revocar es semejante a elegir; por tanto, deben emplearse los mismos criterios de rigor y de organización; igual número de casillas y semejante reclutamiento y capacitación de cientos de miles de funcionarios electorales. Bajo estas condiciones no hay manera de reducir gasto.

El INE ha emprendido un riguroso programa de ahorro, así como transferencias de recursos que le han permitido aportar una parte importante de lo que originalmente se planteó a la Cámara. Y, de todos modos, es insuficiente y se requieren 2,300 millones, los que podrían obtenerse si la Corte ordena a la Cámara otorgar al Instituto los recursos para cumplir sus responsabilidades constitucionales.

Por su parte, es previsible que la dirigencia de Regeneración Nacional presente ante el Tribunal Electoral un recurso derivado de la protección de los derechos políticos del ciudadano. Posponer de alguna forma afecta el derecho de los ciudadanos a la consulta, bajo el supuesto de que se van a poder obtener 3% de firmas de promoventes.

Es deseable que la Corte se anticipe al Tribunal, la que resolvería sobre el tema presupuestal y, en caso de ser favorable al INE, se obviaría el objeto de la controversia y la consulta tendría lugar. De cualquier manera, el Tribunal puede resolver que el INE no está obligado a lo imposible y si no hay recursos suficientes no puede haber consulta.

Otra vía de solución es degradar la calidad del proceso y determinar que con los recursos que cuenta el INE se realice la consulta, con una reducción sustancial del número de casillas y del personal requerido para el proceso. Esta determinación va a contrapelo de la calidad de la consulta y del desahogo de la votación, por lo que afectaría la participación ciudadana, que en condiciones normales se prevé inferior a 40% de lo establecido por la ley para que el resultado tenga efectos vinculatorios, en este caso, la revocación, ya que continuar en el cargo no requiere de votación o ratificación alguna.

De cualquier manera, la decisión del Tribunal de realizar la consulta con los recursos disponibles riñe con la normatividad vigente para la organización de la elección  y sería el primer paso para organizar comicios con menor costo al establecido. Bien puede representar el regreso a la controversia del pasado por la deficiencia de la organización electoral o, bien, un primer paso a elecciones confiables con menor costo.