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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2017.- Luego de la presentación del Informe Anual 2106 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, sin menoscabar otros temas importantes, priorizó cinco: la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la erradicación de la desaparición forzada, el trato digno a migrantes, la defensa de niños y la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Ante el Ombudsman nacional, Peña Nieto hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas, Poderes de la Unión, órdenes de gobierno y sociedad en su conjunto a asumir la parte que les corresponde.
Sobre el Informe Anual 2106 de los Derechos Humanos, aseveró que es un referente obligado para saber cómo va México y qué falta por atender.
Por ello, refrendó el compromiso “firme e indeclinable” del Gobierno federal con el respeto a los derechos humanos.
Peña Nieto coincidió con González Pérez sobre que la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales están ligados a la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley.
“La mejor manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley; para que se aplique, México requiere de instituciones fuertes. La impunidad lastima y violenta a la sociedad, erosiona los valores compartidos y mina la convivencia pacífica entre los mexicanos”, expresó al referir que un país sin leyes e instituciones fuertes es vulnerable y una nación desprotegida frente al delito y la violencia.
Sobre los recientes ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos en los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz, el Presidente de la República calificó de inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión.
“Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto”, dijo.
Desde la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto subrayó que se debe hacer una revisión al diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección de periodistas y activistas, y fortalecer instrumentos y acciones de proyección en el ámbito federal y local.
Respecto al tema de desaparición forzada, urgió a garantizar el derecho a la verdad en memoria de las víctimas y sobre todo mitigar la aflicción y angustia de sus familia esclareciendo los miles hechos.
Aprovechó para reconocer al Congreso de la Unión por trabajar en la elaboración de una ley que contribuya a poner un alto a este aberrante delito.
“Es prioritario procurar los derechos humanos de migrantes y especialmente de quienes retornan al territorio nacional”, señaló sobre el programa Somos Mexicanos, puesto en marcha en la frontera norte para que los paisanos puedan regresar en condiciones dignas con pleno respeto a sus derechos y se incorporen a la actividad productiva del país.
Puso especial énfasis a la defensa y protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
Estamos decididos a generar una política de Estado en esta materia a través de la instalación del sistema nacional y establecer sistemas estatales y municipales que defiendan el interés superior de la niñez, aseguró.
De igual manera, asumió de manera prioritaria y permanente de que las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia.
En México la mayoría de las personas del sexo femenino se enfrenta a obstáculos, prejuicios y agresiones que vulneran su libertad y limitan su desarrollo, reprobó.
Aunque se tienen avances como los centros de Justicia para las Mujeres y el Mecanismos de Alerta de Violencia de Género, el Primer Mandatario admitió que aún hay graves desafíos y retos pendientes que requieren redoblar esfuerzos.
Debido a los graves costos sociales, económicos y de salud que representa la violencia de género, señaló que no puede haber espacio para la indiferencia, pues destruye a las familias y gangrena a la sociedad misma.
“Nadie debe ser cómplice de la violencia y la discriminación en contra de las mujeres”, remató.