La mascarada del perdón maldito del SAT/José Luis Camacho Acevedo

La mascarada del perdón maldito del SAT es una distracción de graves problemas sociales

“Una gran felicitación a Joaquín López-Dóriga por un aniversario más en su apasionada carrera en el oficio de informar».

La Asociación FUNDAR resultó ser una eficiente comunicadora.

Su denuncia de nombres por demás llamativos que en el pasado inmediato fueron “perdonados” por el SAT con millones de pesos, ganó espacios más en los medios que no tienen asuntos tan delicados como la revocación de mandato y sobre todo el gravísimo problema de la inseguridad que tiene asolado al país.

¿Para quién resulta una sorpresa saber que el Jefe Diego Fernández de Cevallos, es un traficante de influencias que se ha enriquecido brutalmente gracias a esa indeseable práctica?

La pobre Ana Gabriela Guevara o la controvertida Yeidckol Polevnsky son de las beneficiarias por la amnistía del SAT en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, denunciadas en la lista de Fundar, son responsables menores del favoritismo gubernamental pasado en materia de condonaciones fiscales.

Lo grave es que Fundar nada pudo hacer para llegar a conocer los nombres de las personas, físicas o morales, que en número cercano a 200 lograron ampararse para que sus nombres no fueran divulgados.

Estos causantes amparados, también beneficiarios de la clemencia del SAT, según cálculos de especialistas, se tragaron mas ¡mil millones de pesos!

La investigación de Fundar es un esfuerzo plausible, sin duda.

Pero su investigación cayó en el sensacionalismo toda vez que los peces gordos perdonados por el SAT permanecen en el anonimato y, lo más lamentable, será que aunque sus nombres fueran revelados, ello no implica que regresen al fisco lo que les fue perdonado y fortalecer así la hacienda pública.

En fin, la opinión pública coincide en que las condonaciones del SAT fueron tan legales como inmorales.

Quedan relegados en los espacios mediáticos temas de gran calado, como el asunto de la inseguridad que azota a casi toda la geografía nacional.

O el de la verdadera naturaleza de lo que implica la revocación de mandato.

El compromiso de dar solución a la inseguridad que padece diariamente la sociedad, es un asunto de competencia de cada uno de los tres niveles de gobierno.

Y es de esperarse que cuando menos acierten a disminuirla.

La tan llevada y traída revocación de mandato, a la que los panistas califican como un claro intento reeleccionista, ha omitido el análisis de la tesis fundamental del tema.

La revocación de mandato debe ser una solicitud de la sociedad en la medida en que observe fallas tan graves en el desempeño del Ejecutivo, que solicite al legislativo la mencionada consulta para determinar si procede revocar el mandato en ejercicio.

La revocación, igual que una presunta desaparición de poderes en las entidades federativas que presenten síntomas de ingobernabilidad o descomposición, se debe interpretar como un castigo al que malgobierne y no como la posibilidad de que se premie a quien lo está haciendo correctamente.

Lo cierto es que la denuncia de Fundar es solo la punta de un iceberg de proteccionismo gubernamental a los grandes consorcios empresariales, mediáticos, deportivos o promotores de espectáculos.

Se espera que en un futuro inmediato la agenda nacional retome una escala de prioridades que respondan efectivamente a las inquietudes y demandas de la sociedad.

Por ahora la lista de Fundar y el trajín posterior a la muerte de José José, son los temas que relegan la discusión de las grandes asignaturas nacionales pendientes, o, lo más grave, soterradas intencionalmente por los intereses de políticos o empresarios.