La reforma en materia de telecomunicaciones podría ser histórica

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo (Quadratín México).- Aunque es perfectible, la iniciativa de ley presentada por el presidente Enrique Peña Nieto para reformar los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión podría resultar histórica, consideró Baker & McKenzie México.

La empresa de consultoría señaló que el proyecto para reformar la Constitución en lo que se refiere a estos sectores, conllevaría la creación de un nuevo marco jurídico para operadores, comercializadoras y usuarios.

El socio principal de la Práctica de Tecnología de la Información y Comunicaciones de Baker & McKenzie México, Sergio Legorreta, dijo que la iniciativa contempla varios cambios que por mucho tiempo se han estado promoviendo a nivel internacional.

En un reporte, la consultora mencionó que algunos de estos cambios buscan impulsar la competencia en el sector, incrementar la inversión y, así, apoyar el crecimiento de la economía nacional.

“Un incremento en la competencia y en el crecimiento de infraestructura base podría lograr menores costos y un mejor entorno competitivo como país”, añadió el especialista, quien ha asesorado a clientes en temas de regulación de tecnología y cuestiones de cumplimiento.

La firma expuso que la aprobación de la reforma permitirá la entrada de nuevos actores e inversionistas extranjeros en la industria.

“En los últimos años hemos visto una gran interés por parte de empresas internacionales de telecomunicaciones por entrar al mercado nacional, sin embargo, los límites a la inversión extranjera han sido una barrera de acceso que notoriamente ha impedido un desarrollo adecuado de la industria”, aseguró Legorreta.

Baker & McKenzie apuntó que la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y empresas satelitales podría incrementarse de su límite actual de 49 por ciento al 100 por ciento.

En radiodifusión, aumentaría del cero por ciento al 49 por ciento del capital social con voto, y la posibilidad de establecer una mayor participación económica en el capital social con voto limitado, anotó.

Además, se estarían reforzando las políticas existentes de acelerar los procedimientos de licitaciones del espectro en los próximos meses para crear al menos dos canales de televisión nacional adicionales, como parte de la digitalización de la radio y la televisión en el país.

La empresa de consultoría mencionó que la propuesta de crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual reemplazaría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), busca impulsar un organismo regulador más fuerte e independiente.

Tendrá las facultades para aplicar regulaciones asimétricas a los operadores dominantes y asegurar la competencia económica del sector al aplicar lineamientos antimonopólicos.

La iniciativa particularmente incluye la posibilidad de permitir al regulador ordenar la desinversión en ciertos mercados y la desagregación del bucle local de los operadores que concentren más del 50 por ciento de un mercado relevante, refirió.

También incluye la obligación de los concesionarios de televisión abierta de permitir la retransmisión íntegra y gratuita de su señal en televisión de paga, cuya transmisión deben ofrecer las televisoras de paga sin costo adicional para los usuarios.

Además, expuso, se refuerza la reciente reforma del recurso de amparo, lo cual podrá limitar drásticamente la posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado por parte de operadores de telecomunicaciones y radiodifusoras.

Lagorreta señaló que el sistema anterior alentaba a las empresas a presentar un número virtualmente infinito de medidas cautelares con el fin de retrasar o prevenir nuevas regulaciones entren en vigor.

“El proceso de apelación debe racionalizarse y el gobierno y el regulador hacerse responsables de la formulación de políticas y regulación, no el poder judicial”, explicó, al considerar que la iniciativa de reforma es perfectible.

Estimó que algunos padecimientos de la industria parece que deberán resolverse en otro momento, entre ellos la dualidad de autoridades regulatorias (llamada comúnmente la “doble ventanilla”) o la falta de autoridad e independencia del órgano regulador para imponer sanciones.

Asimismo, la falta de normas claras para operadores móviles virtuales, así como algunas inconsistencias en la redacción de la reforma, como la necesidad de licitar concesiones de redes fijas.

Sin embargo, destacó, la iniciativa de reforma ciertamente crea oportunidades de negocio muy relevantes y también presenta riesgos a ciertos jugadores del mercado, particularmente los que actualmente cuentan con una posición dominante.

La atención a los detalles respecto a las regulaciones técnicas es esencial para comprender la forma en que se implementará los cambios contenidos en la iniciativa de reforma, subrayó.

“La aprobación de ésta cambiará el panorama de la industria conocido hasta ahora. En Baker & McKenzie estamos preparados para apoyar de manera eficiente a nuestros clientes del sector gracias a nuestra experiencia y conocimientos globales”, agregó.

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